Vivimos en una sociedad claramente fragmentada (el 37% de andaluces se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social) con una parte importante de la sociedad que no puede tener acceso a los mínimos que permiten llevar una vida digna. Una clase política que da por buena la violación del artículo 25.1 de la Declaración los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios, los seguros en caso de desempleo…".
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