“No ha lugar”. Esa fue la respuesta que le dio en dos ocasiones el titular del juzgado de lo penal nº 2 de Lugo a una persona afectada que pidió recibir una sentencia en gallego. El juez apoyó su negativa en el artículo 231 de la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ) que lo permite; sin embargo al hacerlo así incumple el art. 9 de la Carta Europea de las lenguas, “que como tratado internacional ratificado por el Estado español tiene un rango superior a la LOPJ". España ratificó la Carta Europea de las Lenguas en 2001 en su grado máximo [GLG
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