España es el único país europeo con más de 120.000 desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus asesinos. Naciones Unidas reclama a las autoridades españolas que anule la ley de Amnistía de 1977 y enjuicie a los autores e implicados en el exterminio sistemático de las izquierdas perpetrado entre julio de 1936 y noviembre de 1975. El principio de jurisdicción universal reconoce la competencia de cualquier tribunal para encausar a los responsables de delitos contra la humanidad. Son crímenes que nunca prescriben.
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