A finales de 2020, la Consejería de Medio Ambiente -de la que depende el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo- anunció la firma de un convenio con el Colegio de Abogados. Se trataba de abrir, con carácter de urgencia, una línea telefónica de " asesoramiento profesional gratuito " para "los afectados por la ocupación ilegal de su vivienda" . La Xunta de Galicia aportó 27.000 euros destinados a cubrir la "elaboración de una guía informativa " en este sentido y, sobre todo, la puesta en marcha de un servicio de "atención jurídica a consultas de
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