El Gobierno autoriza a las comercializadoras a suspender el suministro a los consumidores vulnerables y vulnerables severos si no pagan las dos últimas facturas (cuatro meses no abonados). Eso sí, el real decreto propuesto por el Ministerio obliga a las comercializadoras a informar al consumidor "en el momento de producirse el impago y nuevamente 15 días antes de proceder al corte de suministro".
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