Para desindustrializar el país, haciéndolo retroceder a la estructura económica agro-exportadora que tuvo desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, los militares y sus colaboradores civiles sabían que debían enfrentar la resistencia de la clase obrera, que no iba a permitir que se conculcaran los derechos laborales obtenidos luego de tantas décadas de lucha. Por eso, optaron por la penalización de la defensa de esos derechos y también por el aniquilamiento de las personas que los defendían.
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