Las naciones insulares como Kiribati accedieron al control marino tras la promulgación por parte de la ONU de la Ley del Mar en 1982, que significó una actualización del antiguo derecho. Aquel que otorgaba la posesión de aguas hasta donde un cañón podía disparar desde tierra firme. En la nueva ley, para cada estado, se habilitaron 200 millas marinas como aguas nacionales. La norma establece unos parámetros difusos entre lo que es una isla o una roca en medio del mar sin atribuciones legales para ésta última.
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