A inicios de la década de 1960, el propio J. Edgar Hoover contactó con el Fiscal General para que éste tomara medidas contra la revista, ya que la consideraba de ‘peligro público’, al estar instruyendo a los lectores (a través de sus publicaciones) para que violasen deliberadamente las leyes federales, además de ser reiterativos con los contenidos difamatorios contra la agencia (FBI) y su director.
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