Desde hace dos décadas, desde el Banco Central Europeo (BCE) se legisló para que, una vez entrado en curso el ‘euro’ quedase limitado cualquier pago que se efectuara (ya fuese a un estamento público, una entidad bancaria, comercio e incluso entre particulares) a un máximo de 50 monedas (dando lo mismo el valor que tuvieran éstas), siendo el receptor de las mismas quien decidía si aceptaba el abono de un pago con un número mayor a esa cincuentena de monedas.
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