El pasado noviembre, el gobierno de Cataluña puso una moratoria de 10 años en la colecta de coral rojo en la Costa Brava, en un urgente esfuerzo por preservar una especie vulnerable después de cientos de años de explotación. Poco después, los recolectores se quejaron al Ministerio del Gobierno de España, quien otorgó 12 licencias a buceadores, contraviniendo el decreto de la Generalitat.
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