Aproximadamente un 35% de la población española entre 25 y 65 años tiene estudios superiores. La cosa se reduciría sensiblemente si ampliásemos la muestra a toda la gente en edad de votar. Afirmar que solo ese porcentaje de gente puede acceder a ser diputado o diputada significa excluir a dos terceras partes de los españoles de la institución llamada a representarlos. Equivale a situarlos en una especie de minoría de edad, a limitar su participación en el sistema al voto y a asumir que son gente que no es capaz de defender sus intereses.
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