El presidente Macron y la mayoría de diputados franceses están en la ilegalidad desde el 17 de diciembre. En efecto, ese día, votaron una ley, propiciada por Macron, que aprueba la “transferencia de la propiedad” de diversos objetos de arte en beneficio de Senegal y de Benín (antes Dahomey), cuyas reclamaciones oficiales comenzaron en 2016. Decisión tal vez moralmente justa, pero ilegal, objetan quienes votaron en contra “porque esas obras pertenecen a museos franceses y son por lo tanto inalienables.
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