La problemática, según el Gobierno Nacional, se origina por la contención que muchos de estos líderes están haciendo a organizaciones criminales que están intentando tomar al control en territorios donde son fértiles las rentas ilegales. Por ello, se inició un plan para su protección que cobija las zonas de más alta tensión del país: Catatumbo, Pacífico nariñense y Bajo Cauca antioqueño. Actualmente, hay 4.000 líderes sociales que reciben diferentes medidas de protección; 60 por ciento de los cuales están ubicados en zona rural.
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