El Estado está a pleno pulmón en su rendimiento. Carles Puigdemont, acorralado política y judicialmente en su mansión de Waterloo (Bruselas), sabe que su vuelo necesariamente será corto. El experimento ha provocado serios daños a la economía catalana y costado a España y a sus contribuyentes muchos millones de euros, y ello sin contar los enormes agujeros dejados en la productividad de la comunidad autónoma y el desgarro en la imagen de ese territorio y del conjunto del país. Por ello, el juez del Tribunal Supremo tiene ya la traducción.