En 15 de sus 18 años de liberalización, el sector eléctrico español ha podido ingresar hasta 103.000 millones en pagos que no tienen correspondencia con los intereses de la población y que podrían considerarse “ilegítimos”. La importancia de auditar el coste de su liberalización radica en que los pagos a las eléctricas así como sus deudas “tienen consecuencias para las vidas y los medios de vida de las personas”, según el estudio "El coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013".

Artículo que explica y detalla cómo la corrupción no se debe a la mala ética de unos individuos concretos, sino a la propia esencia de la competencia empresarial: "En un mundo regido por la competitividad económica, serán las empresas que vulneren la ley las que aventajen siempre a las demás. Esa vulneración sistemática no se deberá a la tan denunciada “falta de ética” de las empresas, sino, todo lo contrario, a la aplicación rigurosa de una ética con pilares de plomo tan intocables como los de "obtener beneficios a toda costa".