Impulsada gracias a los apoyos de PNV y PSE-EE, el Gobierno Vasco podrá imponer proyectos de infraestructuras aunque sean rechazados por los consistorios. Tanto la oposición parlamentaria como las sociedad civil denuncian que los Proyectos de Interés Público Superior suponen una vulneración de la autonomía municipalista

El fondo de 3.000 millones para la recuperación económica de municipios que se pactó en la Junta de Gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), no aparece por ningún sitio. Con esta enmienda, se pretendía suplir el fondo que quedó bloqueado tras tumbarse el decreto de remanentes municipales, y que Hacienda no volvió a llevar al Consejo de Ministros. Los alcaldes de Zaragoza y Lleida fueron los más implicados en su elaboración. Se da así la paradoja de que los grupos que sostienen el Gobierno no lo hayan incorporado.