Nada más y nada menos que 500 árboles han sido tomados por el Ayuntamiento de la entidad menor de Aguas Nuevas dependiente de la ciudad de Albacete y gobernada por el PP. Lo ha hecho en la carretera de Melegriz , sin tener autorización municipal y por ello tendrá que pagar 3.000 y también reponer los árboles, lo que según los técnicos costará 35.000 euros.Se trata de un expediente sancionador abierto por el propio Ayuntamiento de Albacete, también gobernado por el PP, tras la denuncia del Grupo Municipal Socialista en diciembre de 2023

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un ciclista que intentó adelantar a un coche en una curva y que acabó atropellado por otro vehículo que circulaba por el carril contrario. Los hechos han ocurrido en Campins (Barcelona). La multa es de 500 euros.

En plena ola de calor, que azota al sur de Europa, es muy habitual ver a la gente ligera de ropa, con diminutos vestidos, pantalones y vestidos, incluso y, a pesar de resultar antiestético, a muchas personas sin camiseta, luciendo en muchos casos las consecuencias de un invierno sedentario y con las cartucheras llenas de reservas.

El Ejecutivo replica que tanto esa sanción como la de Celaá por 2.200 euros son recurribles ante el Supremo

El Supremo ha devuelto esta mañana al Congreso la decisión sobre la suspensión de los diputados presos después de que la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, afirmara este miércoles que es una medida que deben adoptar los jueces. En esta situación están los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, juzgados en el alto tribunal, además de Raül Romeva, que es senador

Martes, 7 de noviembre a las 16.50 horas en la calle Magdalena. Un ciclista circula por la calzada “en sentido contrario al establecido”. Avanza tranquilamente unos cuantos metros en su “bicicleta de montaña sin marca” por un tramo de “un único sentido para un solo carril” y un agente de la Policía Local de Vitoria observa la escena. La situación, que habitualmente se saldaría con una advertencia por parte del guardia, da lugar a una situación hasta ahora muy infrecuente en la ciudad.

La Xunta ha informado este sábado de que ha sancionado a la familia Franco, propietaria del Pazo de Meirás, con una multa de 4.500 euros por incumplir su deber de permitir visitas al recinto cuatro días al mes como Bien de Interés Cultural (BIC) que fue declarado.

Verdaderamente alucinante. Una sanción totalmente inventada, en la que no solo se me acusaba de algo que yo no había hecho, sino de algo que nadie había hecho.Ese día fuimos identificadas y sancionadas 300 personas. Y mucho me temo que en igualdad de condiciones; es decir, que escogieron arbitrariamente a 300 personas para sancionarlas sin motivo real. El objetivo claramente es el de amedrentar a los manifestantes y quitarles las ganas de seguir reivindicando sus derechos,porque 500 euros es una cantidad elevada.

Multan a cinco jóvenes en Mojácar por beber agua junto a la playa basándose en una ordenanza de seguridad ciudadana