El tribunal alemán de Schleswig-Holstein pide a Llarena el escrito de Montoro dónde explica porque dijo que no se utilizó "ni un euro" de fondo públicos para financiar el referéndum.

La batalla entre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y Cristóbal Montoro llega a su fin. En el auto en que confirma el procesamiento de Carles Puigdemont y el resto de implicados en la causa sobre el 'procés', el magistrado ha querido zanjar la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del titular del Ministerio de Hacienda sobre la financiación del referéndum del 1-O. Tras comprobar la documentación remitida, el juez concluye que a Montoro le engañaron con las facturas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remitió el pasado viernes un breve informe al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del procés, donde matiza la afirmación tajante que hizo el pasado 16 de abril cuando dijo que para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre no se destinó “dinero público”. Según ha podido saber El Independiente, en el citado escrito, Montoro explica que al Ministerio de Hacienda no le consta, al menos “formalmente”, que se hayan desviado fondos de la Generalitat para la preparación del 1-O

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha declarado este lunes que "suscribe de la A a la Z" lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la presunta malversación de caudales públicos en Cataluña: "se ha dedicado escrupulosamente a establecer un control de gasto de manera férrea para que ni un solo euro se destinara a pagar causas independentistas". Para Fernández de Moya no habrá lugar a dudas, "gracias a la abundante documentación sobre los controles del Ministerio desde el año 2015".

El dato más extraordinario del caótico panorama político español es el enfrentamiento sin cuartel que en estos momentos libran el ministro de Hacienda y el juez Pablo Llarena

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga el referéndum ilegal del 1 de octubre estudia someter a un careo al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al jefe de la UCO encargado de la investigación. Fuentes jurídicas aseguran que Llarena esperará a recibir las explicaciones del ministro de Mariano Rajoy, después de que haya asegurado –en contra de los informes de la Guardia Civil- que no se ha destinado ni un euro de dinero público en financiar el proceso independentista. Si esas explicaciones siguen poniendo..

Jiménez Losantos: "El que da el dinero para el golpe de estado es Montoro. Por supuesto, Montoro lo hace porque se lo dice Mariano. Ayer Montoro hace esas declaraciones para defender a Alemania y hacer lo mismo que su jefe, porque han participado en el golpe, lo han financiando. Y en cuanto entre el juicio, ellos se ven en el banquillo. Van a acabar en el banquillo. Y además han insultado al juez Llarena. Y Llarena se cabrea y a la 1:30 de la mañana levanta el secreto de sumario de la última pieza".

En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay. En el mundo del Derecho hay un principio en torno al cual gira el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional. Es el principio del paralelismo de las formas. De acuerdo con tal principio, para que una declaración del presidente del Gobierno o del Ministro Hacienda contradictoria con la que ellos hicieron ante el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera surtir efecto en un proceso penal..

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto" de sus declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público para la organización del 1-O. El magistrado destaca que esas declaraciones contradicen "las fuentes de prueba" que figuran en la instrucción de la causa.

El juez Pablo Llarena requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.