La teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha archivado una denuncia contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por presunta revelación de secretos con el caso del novio de Ayuso. La 'número dos' de la institución ha descartado de plano que la ministra socialista cometiera delito al desvelar información sobre la inspección fiscal de Alberto González Amador y ha dado carpetazo al asunto.

Desde que Mariló Montero se alejara del ojo público tras su polémica salida de La mañana de la 1, sus apariciones han tocado varias puertas en medios donde más que demostrar su profesionalidad como periodista, se ha hecho valer por sus polémicas políticas. La ex-mujer de Carlos Herrera protagonizó un sonado enfrentamiento contra Pablo Iglesias tras sentirse insultada y tras 10 años fuera de Canal Sur, su casa durante la mayoría de su carrera profesional, ha vuelto para presentar los informativos de la cadena.

El vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad han presentado una denuncia por lo que consideran un episodio de amenazas y odio hacia sus hijos, en la que se recoge un tuit del 18 de agosto: "Llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen a hostias".

El querellado, Miguel Ángel Frontera Díaz, fue detenido después de grabar con su móvil el interior de la vivienda, encaramado a la valla. Recoge fondos en Internet para financiar las protestas diarias. Se atribuyen a Frontera presuntos delitos de coacciones, acoso, revelación de secretos, alteración del orden público, desobediencia a la autoridad y contra el medio ambiente.

Irene Montero ha denunciado por acoso y coacciones a una concejala de Vox en Galapagar. Según consta en la denuncia, la concejala Cristina Gómez habría estado yendo a diario al domicilio particular de la ministra de Igualdad y Pablo Iglesias. Una vez allí, la concejala profería insultos a Montero y lo grababa para difundirlo en redes sociales.

Se avecinan problemas para Iván Espinosa de los Monteros. Un ex afiliado de Vox acusó al portavoz parlamentario del partido de recibir las cuotas de afiliación en su cuenta personal. La formación ultra se querelló por calumnias contra Carlos Aurelio Caldito. Sin embargo, una sentencia avala ahora la palabra del exvicepresidente en Badajoz, que presentó como prueba un recibo en el que se desprende “concepto pago cuotas”. La sorpresa llega en el nombre del beneficiario, donde aparece el de Iván Espinosa de los Monteros.

"A lo mejor suena mal", comenzó diciendo con acierto. Después continuó: "Evidentemente esto es un delito […] dicho esto, irse a las cinco de la mañana al chalet de una persona que acabas de conocer en una discoteca pues es asumir un riesgo que estaría muy bien que una chica no asumiera". La barbaridad de volver a mirar qué hizo o no hizo la mujer, ha sido respondida con indignación por decenas de personas en las redes, entre ellas la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado al espectador que profirió insultos racistas al futbolista del Athletic Club de Bilbao Nico Williams durante el partido de fútbol disputado entre el conjunto vasco y el Atlético de Madrid el 27 de abril en el estadio Civitas Metropolitano.

La suboficial María Serrano pide el amparo de la ley que protege a los denunciantes y asegura que ha sido "brutalmente represaliada" Denunció hace ya casi 15 años las prácticas de un cabo del Seprona, que presuntamente asesoraba a empresas ilegales de gestión de residuos y hacía recursos para quitar multas en Mercasevilla.

Isaí Blanco Marrero presentó ante el Ayuntamiento de La Oliva en 2023 una declaración de bienes que, como mínimo, debemos de calificar de incompleta, aportando una serie, nimia, de datos que apuntan a que trata de ocultar parte de su patrimonio. El alcalde de Coalición Canaria de La Oliva, es el socio único desde octubre de 2020 de la empresa GOTABLA SL, anteriormente denominada IBLAMA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SL y fue administrador solidario, hasta el 8 de agosto de este año, de la “constructora-inmobiliaria” FUERTECASA GRUPO INMOBILIARIO SL.

Seis grandes grupos editoriales y el gremio de autores de Estados Unidos presentaron una demanda contra la ley estatal HB 1069 de Florida, firmada en 2023. Esta ley, que permite a los padres impugnar libros en las bibliotecas escolares si los consideran pornográficos o relacionados con la identidad de género, ha sido calificada como inconstitucional y una amenaza a la libertad de expresión. La acción legal busca frenar las restricciones impuestas en las escuelas públicas, argumentando que atentan contra derechos fundamentales.

«Solo hay una persona detrás y no está vinculada ni al PSOE ni a ningún partido político», ha dicho la delegada del Gobierno, que ha confirmado que será denunciado www.meneame.net/story/fsa-inicia-ofensiva-legal-descubrir-impulsores-f

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este jueves que "se está fraguando" un golpe de Estado contra su Gobierno, un día después ordenar la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos al denunciar "la injerencia e intervencionismo" estadounidense. "Se está fraguando un plan en contra de mi Gobierno y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa. Miren lo delicado que eso significa. (Es) un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucio

Agentes del destacamento de Seprona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca han denunciado a dos personas por bañarse en las proximidades de la cascada Cola de Caballo y en una de las pozas de las Gradas del Soaso, así como por incumplir la prohibición de introducir perros sueltos, tanto en las pozas como en el mismo circo de Soaso.

En él, se muestra una secuencia de planos con diferentes puntos de una ruta con una nutrida cantidad de gente bajo el rótulo "La realidad de ir a Ordesa y Monteperdido de ruta". Abajo, en la descripción del vídeo, ampliaba: "Súper masificado y agobiante en algunos tramos".

En 2015 puso en conocimiento de sus superiores presuntas irregularidades de un subordinado y denuncia que lleva 9 años "siendo brutalmente represaliada".

El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 4.000 euros a un hombre que presentó una denuncia falsa construida a base de bulos que, según su testimonio, había visto “en redes sociales”. El denunciante acusó al juez Manuel Marchena —que es magistrado del Alto Tribunal—, al fiscal Jesús Alonso y a sus familiares de tener dinero oculto en paraísos fiscales como Panamá y Luxemburgo, tal y como adelantó elDiario.es y ha podido confirmar Newtral a través de un auto fechado el 1 de julio de 2024.