Maestra, pedagoga y formadora, Anna Ramis lleva cinco años ‘predicando’ contra el abuso de las pantallas en la primera infancia. Ahora ha cerrado filas con otros diez profesionales de la educación y la salud, con los que ha presentado un manifiesto que esperan que ayude a concienciar a la sociedad del mal que pueden llegar a hacer estos dispositivos que todos tenemos en casa y en el bolsillo.

Una vecina de Santa Margalida ha encontrado a tres corderos, dos de ellos todavía vivos, en una basura del punto verde de Santa Margalida.Con la colaboración de una voluntaria han asistido a los corderos que posteriormente han sido trasladados a un veterinario. Desgraciadamente, debido a la gravedad de las heridas e infecciones, los dos corderos que todavía seguían vivos han sido eutanasiado por una veterinaria rural.

El ayuntamiento de Santa Margalida modificó ayer el contenido del acta municipal de noviembre de 1956, mediante la que se declaró al magnate margalidà Juan March Ordinas como Hijo Ilustre, para borrar todos los vínculos del financiero con el franquismo, la táctica escogida por el equipo de gobierno presidido por Joan Monjo para mantener el título honorífico sin incumplir las leyes de memoria histórica.

Sant Julià de Ramis, un pequeño pueblo gironés, reclama 11,5 millones de euros al Estado. Los que equivalen al ‘dinero rojo’ incautado allí por el franquismo. Es el primer Ayuntamiento en hacerlo. La causa del dinero rojo ha deambulado en numerosas ocasiones por el Congreso de los Diputados. Hace justo diez años, la Cámara Baja se veía incapaz de comprobar que quienes reclamaban estas pesetas fueran, realmente, los herederos legítimos de quienes las entregaron. Pero que sea el mismo Ayuntamiento quien reclame el dinero rojo aporta algunas esper

Un juzgado ha admitido a trámite la querella colectiva por las cargas policiales del 1-O interpuesta por los ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, con el apoyo de abogados voluntarios. La querella se dirige contra los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que actuaron, sus mandos y los responsables políticos del operativo. Los delitos que se imputan son de torturas, lesiones y delitos contra los derechos individuales.

La Audiencia Provincial admitió la denuncia inicial de un grupo de profesores del IES Joan Ramis de Mahón subrayando que los querellantes actuaban a título personal, pero no se podían erigir en representantes de todo el colectivo docente. Por este motivo, un total de 238 docentes de todas les Islas Baleares se han sumado a la querella. La Audiencia destaca que "se trata de la protección del honor de un colectivo y de las manifestaciones de un político en el ejercicio de su cargo sobre unos hechos enmarcados en una huelga del sector público."