El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el senador del PP José Antonio Monago le acusara el pasado martes en la Cámara Alta de protagonizar el "mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España". Monago se refirió con estas palabras a la participación de De Prada en la sentencia que en mayo de 2018 dio por probada la existencia de una caja B en el PP y desencadenó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano R

Pocos días después de conocerse la sentencia, María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, tuvo que comparecer en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por la supuesta financiación ilegal del partido. "La sentencia está intentando prejuzgar las declaraciones de unos testigos extralimitándose en sus funciones como argumentación", argumentaba la ex secretaria. El entonces portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, cargó contra De Prada y afirmó que era cercano a ETA

El Partido Popular no quiere vérselas con el juez José Ricardo de Prada en el próximo juicio en el que se dirimirá su responsabilidad civil en la causa sobre la presunta caja B de la formación. Tras su paso por el tribunal internacional de La Haya, el magistrado ha regresado a su puesto en la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional. Su reincorporación supuso, de forma automática, su irrupción en dos de los casos desgajados de la Gürtel el de la caja B del partido, abierto a raíz de los conocidos como papeles de Bárcenas

Los magistrados Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado entrarán a formar parte de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tumbara el pasado mes de marzo por unanimidad los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco efectuados por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes.

Después de que el CGPJ le impida la reincorporación a su plaza. El Poder Judicial rechaza la vuelta del juez de Gürtel, José Ricardo de Prada, a la Audiencia Nacional por no acreditar su cese en La Haya.El magistrado ha publicado un comunicado denunciando la decisión que frena sus aspiraciones de formar parte del Poder Judicial.

El Registro de la Propiedad ha admitido que adjudicó por un “error grave” cuatro propiedades al juez Juan Carlos Peinado García. Un reconocimiento que se produce después de que ElPlural.com desvelase en exclusiva que a nombre de Juan Carlos Peinado García existen registrados catorce inmuebles con dos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) con mismo nombre y distinto número.

La exoneración del acosador Miguel Frontera lanza, por un lado, un mensaje nítido a cualquier fascista que quiera ejercer la violencia contra aquellos que no piensan como él: "Podéis hacerlo con total tranquilidad y con la garantía de que vais a quedar impunes", Significa también la legitimación judicial de la violencia política en España y es, por tanto, el fin de la democracia.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el eurodiputado ha lanzado un comunicado a través de Instagram valorando la condena: "Es absurdo que un juez afirma que es de 'carácter eminentemente particular o privado' que Ana Pastor y Antonio García Ferreras se reúnan en un espacio público con el dueño del Open Arms en plena crisis migratoria para pactar un relato mediático en defensa de la inmigración ilegal masiva. Aunque hayamos ganado parcialmente el recurso y todas las costas, vamos a pelear para que este juez sea desautorizado..."

El fallo dice que debe realizarse mediante la modificación del planeamiento urbanístico

La supuesta trama rusa de apoyo al independentismo catalán hace aguas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado al juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, una resolución que dictó el julio de 2020 en la cual cierra una investigación sobre "un supuesto ciberataque ideado y perpetrado por personas afines al movimiento independentista catalán y miembros de agencias de la Federación Rusa" por falta de indicios y donde asegura que "solo hay opiniones".

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

Ana tiene 56 años y trabajó más de 35 como agente en el aeropuerto de Gran Canaria. La última década, en el servicio de reclamaciones de equipajes perdidos. Se le ha diagnosticado el síndrome del trabajador quemado (burn out), un estado de agotamiento por estrés laboral crónico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como enfermedad profesional en 2022.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha abierto una pieza separada del caso Volhov (sobre la supuesta trama rusa del proceso), en la que aparecen nuevos investigados, entre ellos los periodistas Carles Porta y Natàlia Boronat. Sobre Carles Porta, el magistrado remarca que es amigo personal del presidente Carles Puigdemont, argumenta que estaba al caso de la injerencia rusa en el proceso, y considera que tuvo algún papel antes y después de un supuesto encuentro con emisarios rusos.

Una jueza de Navalcarnero aprecia indicios de cuatro delitos de corrupción en Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número tres del PP de Madrid, tras cuatro años de investigación. Pese a su imputación en 2022, Isabel Díaz Ayuso ha ido ascendido a Millán en los últimos tiempos hasta convertirse en diputada autonómica en las últimas elecciones y pasar a estar aforada, motivo por el que la magistrada Lidia Prada Zurdo se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presidente del tribunal que obliga a reabrir la causa, Pedro Castellano, fue presidente de la Audiencia de València y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial y de sensibilidad conservadora. Pero, quizá, lo que más llama la atención de su reciente trayectoria son las causas archivadas relacionadas con la corrupción del PP en el País Valencià impulsadas por él.

El magistrado de la trama abre una pieza separada contra Artur Mas y otras once personas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha rechazado sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno e insultó a otros ministros y autoridades a través de sus redes sociales, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado. La propuesta de archivo del expediente realizada por el Promotor de la Acción Disciplinaria ha sido aprobada gracias a los votos de la mayoría conservadora de la Permanente, el llamado núcleo duro...

La historiadora de arte, Sara Rubayo, visita 'Mujer tenía que ser' para explicar el origen de la mujer como artista. La experta señala que las primeras pintoras de la historia fueron las monjas y aquellas mujeres hijas de artistas o de familia adinerada. Además, apunta a que muchas de ellas se saltaban las normas establecidas a la hora de crear, pero que la mayoría se centraban en pintar "bodegones y retratos".

La periodista Marta Nebot ha tenido un rifirrafe con Lucía Méndez en T V E, después de que esta hiciera un acto paternalista y de menosprecio. La trabajadora de El Mundo, ha defendido la actuación del juez Peinado, lo que ha motivado el correctivo de la presentadora Silvia Intxaurrondo y Carlos Cué. "Tú sabrás lo que quieres hacer delante de los espectadores". "Es un insulto lo que estás haciendo"

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) guarda silencio ante las irregularidades del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Consistorio para saber si procederá a realizar una inspección en el chalet de lujo que posee en el mencionado pueblo a raíz de las informaciones desveladas por este medio pero, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta.

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

El magistrado Joaquim Bosch le recuerda a Ana Vazquez (PP) que fue Rajoy, que ya tenía experiencia bloqueando la renovación del CGPJ, quien llevó a cabo la Reforma que ahora no quiere aplicar.