Un joven de baja laboral por rotura de cadera “dándolo todo” en un concierto de Camela. Un trabajador en teoría incapacitado para conducir maquinaria por una grave lesión ocular, al volante de su turismo como si nada. Una empleada con una larga baja por depresión tomando un cubata en un bar entre muchas risas…

El jefe de la informática judicial,Juan Carlos Garcés,declara a Confilegal que esta muy tranquilo y que no tiene nada que ver con el caso Tándem. "..en el Punto Neutro Judicial,como todos los sistemas de seguridad tienen un certificado que he firmado yo pues por lógica aparezco en los 45 millones de consultas anuales que se realizan ..ese canal seguro se llama así porque lo que todas las comunicaciones van cifradas con un certificado. Ese certificado lo he tenido que firmar yo,lógicamente,porque yo soy el responsable de la informática judicial

Juan Carlos Garcés Pérez es el jefe del servicio informático del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace 15 años. García Castellón dice que Villarejo quiso obtener datos personales a través de "los encargados del tratamiento de las bases de datos". El juez de la Audiencia Nacional imputa al informático en la pieza Land, la que investiga a los miembros de la familia Cereceda -promotores de la lujosa urbanización de La Finca- que contrataron los servicios de Villarejo en un contencioso por una herencia..

En 1990 se transfirió a la Generalitat los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Si consultas el Real Decreto de transferencia (son varios y sucesivos) verás que le encomienda dotar a los tribunales y juzgados de 'bienes informáticos', o sea, de informatizar la oficina judicial. Esa transferencia está consumada y depende de la Consejería de Justicia del gobierno de la Generalitat. "¿quién te dice a ti que el día 1 de octubre no se 'cae' el sistema informático de todos los tribunales y juzgados de Cataluña?"

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Envio de Datos por primera vez desde fallo informático de la sonda espacial Voyager 1.

El informático accedió de forma ilícita a los servidores, provocando daños valorados en más de 678.000 dólares. Los despidos siempre son traumáticos. Por ese motivo, durante el despido deben tomarse determinadas medidas orientadas a evitar incidentes como los que sucedieron cuando una empresa de software con sede en Singapur despidió a uno de sus informáticos.

Esta mañana hubo una reunión entre el sindicato y la Dirección Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP). Pese a la rapidez y buena disposición para corregir errores por parte de la DXEP -que CSIF reconoce- la central advierte que “no todo podrá ser corregido de oficio, por lo que todo aquel aspirante que vea que su puntuación no se corresponde con sus méritos debe en el plazo previsto en la resolución de efectuar las preceptivas alegaciones”.

Se espera que los centros de datos consuman hasta el 9% de la electricidad de EE. UU. para 2030; un aumento de la demanda requerirá una inversión significativa en generación de energía e infraestructura. Esta Cuarta Revolución Industrial es una bendición para las empresas del sector energético, la industria de las energías renovables y los proveedores de equipos para centros de datos.

Pedro de la Torre Rodríguez, decano del colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, ha presentado una queja ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática (Conciti) contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por intrusismo profesional, vulneración del principio de libertad con idoneidad y afección a derechos fundamentales de los ciudadanos. En la queja ha solicitado que la ley ejerza «las acciones que correspondan» contra la esposa de Sánchez.

El Gobierno argentino de Javier Milei enfrenta una causa judicial por el acopio de alimentos que eran destinados a comedores comunitarios, donde la demanda crece diariamente por el aumento de la pobreza. Este martes, durante una audiencia, el dirigente social y abogado denunciante Juan Grabois se trenzó en insultos con la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, una de las funcionarias responsables por la retención de mercadería a punto de vencerse en dos depósitos del Estado.

La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. Para ello, ha contratado la asistencia del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo. Además, Fernández también fue presidente de la sala ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa. A ello se suma que...