La Ley de Vivienda es ‘light’, dice Alejandro Inurrieta, por la presión que ejercieron los ‘lobbies’ sobre el PSOE para dejar el control de precios fuera del texto. En este mercado no hay inspectores. Esa labor deberían hacerla los inspectores de consumo, pero no hay. Cuando uno tiene un problema con su casero, o se va a un juzgado, o no hay ningún estamento público que le ayude. En Europa hay mecanismos de arbitraje muy desarrollados. En España estamos a años luz. Y no hay interés por mejorar.

La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Uno de los mantras del sector inmobiliario es que hace falta más suelo porque hay una alta demanda de compradores de vivienda que buscan pisos de reciente construcción y no los encuentran. En realidad, en España hay casi 450.000 inmuebles nuevos, el 20% están en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Barcelona, que están listos para entrar a vivir, y aún no han encontrado a alguien que los compre. Un volumen de casas que aumentó en 2023 por primera vez desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

El sindicato cree que pagan menos impuestos que el resto de la población También defiende que el IRPF no se aplica de forma progresiva

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir la causa por el incendio de Campanar y retomar la investigación para dirimir las posibles responsabilidades por el trágico suceso que costó la vida a 10 personas, tres de ellas menores de edad (dos hermanos de 3 años y ocho días de vida y una niña adolescente de 14 años). Esta decidsión viene a corregir la tomada por el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia quien sobreseyó la causa por primera vez el 8 de marzo, decisión que confirmó 15 días más tarde.

Constructoras, bancos o aseguradoras radicadas en España hacen negocio con el genocidio y la ocupación israelíes ante la pasividad del Gobierno y la UE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy la nueva Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid, que albergará las futuras instalaciones del Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y que la jefa del Ejecutivo autonómico ha calificado como “uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, quizás el más”. Esta innovadora iniciativa, que cuenta con una inversión del Ejecutivo autonómico de 1.000 millones de euros, ofrecerá más de 550.000 metro

Según Iglesias, "los grandes corruptos de este país tienen carné de periodista y son capaces de imponer el miedo". Al hilo de esta afirmación se ha preguntado cómo es posible que "ningún medio de comunicación se haya atrevido a difundir los audios en los que escuchamos al director de La Sexta conspirar con Villarejo, con [Mauricio] Casals y con un jefe de unidades antiterroristas y cómo es posible que hasta el presidente del Gobierno esté aterrorizado ante [Antonio García] Ferreras, que nos diga que tiene miedo de que ataquen a su mujer pero...

Sus políticas están destinadas a profundizar la desindustrialización, a desnacionalizar la actividad y a concentrar en pocas empresas extranjeras la actividad. A través de la “ley de bases” y la instauración del “Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones” (RIGI) por el que «se otorga exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias por 30 años a aquellos proyectos que inviertan más de 200 millones de dólares en bienes de capital; que alcanzan a reducciones del impuesto a las ganancias de 35% al 25%...

A finales del año pasado, en la revista Atmosphere, investigadores brasileños publicaron un estudio sobre el patrón atmosférico precursor de desastres socioambientales, con modelos estadísticos para predecir efectos del paso de sistemas frontales sobre el sur de Brasil y Rio Grande do Sul. El agua no encuentra la salida en Porto Alegre. Las zonas ilegalmente deforestadas crecieron 187% en 3 años en Rio Grande do Sul, dónde su gobernador cambió casi 500 normas ambientales en 2019 en favor de intereses financieros del sector de la construcción.

Cirugías y procedimientos electivos suspendidos, agua con camiones cisterna, dificultad para recibir oxígeno y alimentos, empleados durmiendo en lugares de trabajo porque sus casas están bajo agua. Es el escenario de los hospitales de Río Grande del Sur. Según la Secretaría de Salud gaucha, 140 servicios de salud, hospitales y otras unidades, están afectados por las inundaciones, lo que requerirá un gran proyecto de reconstrucción y reequipamiento de los equipos perdidos. Piden financiamiento de emergencia equivalente a 6 meses de facturación.

Las inundaciones en el sur de Brasil dejan devastación sin precedentes: al menos 100 muertos, 130 desaparecidos y 155.000 personas sin hogar. El peor desastre natural de la historia del estado Rio Grande do Sul. Reconstruir carreteras costará al menos 200 mil millones de $. Según Marcelo Dutra da Silva, profesor de Ecología de la Universidad Federal de Rio Grande: "ciudades enteras deberán cambiar de ubicación, alejando infraestructuras de las zonas más bajas, planas y húmedas, laderas, riberas de ríos y ciudades en valles: una desedificación".

Mientras las grandes empresas y sus accionistas mayoritarios incrementan de manera significativa sus beneficios, llevándose más del 90%, los trabajadores están sufriendo las consecuencias de una estrategia basada en la reducción salvaje de costes para obtener mayores beneficios.

Los altos tipos de interés que asegura el Banco de España a entidades financieras les generan siete veces más dinero que el impuesto que pagaron por sus beneficios extraordinarios en 2023.

Es uno de los grandes cursos de agua de la Península, y también un muestrario de muchos de los males que afectan a los cauces ibéricos: esquilmado, contaminado y bloqueado por una sucesión de grandes presas que interrumpen su viaje al Atlántico para alimentar regadíos. Hay un origen común a la mayoría de los problemas del río: una agricultura de regadío que consume el 85% del agua en la cuenca y que, con la presión añadida del cambio climático, está llevando al límite a los ecosistemas que dependen del Guadiana.

Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan más de 110.000 casas en España, una cifra que supone cerca del 5% del mercado. con CaixaBank y Blackstone (que suma unas 20.000 viviendas en alquiler) a la cabeza. Lazora; Axa; Vivenio Residencial; Ares; Encasa Cibeles; Témpore; Cevasa; Cerberus; Stay; Liberbank; CAMI; Grupo Ortiz; Urban View o Sabadell, son algunos de los grandes caseros de España, aunque el mercado de la vivienda está conformado, en su mayoría, por un 80% de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas.

La responsabilidad civil derivada del incendio del edificio de Nou Campanar en Valencia, que ha costado diez vidas, no podrá recaer ni sobre el constructor, ni sobre el arquitecto al estar prescrita desde hace cinco años. De hecho, esta prescripción, que actualmente tiene un máximo de diez años y que era hasta el último cambio legislativo de 15, tampoco se podrían haber aplicado, ya que, según ha podido saber ElPlural.com de fuentes conocedoras del asunto, los 15 años se cumplieron en enero, un mes antes del fatídico incendio, que ha sucedido e

Uicesa, la empresa que construyó el edificio incendiado en el barrio de Campanar de València, también quebró tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Acabó igual que la promotora Fbex. En sus últimas cuentas anuales disponibles en el Registro Mercantil, la constructora anotaba una cifra de negocio en la Comunitat Valenciana de 57,3 millones de euros, por detrás de Madrid, su principal área de influencia, con 316 millones. La constructora se centraba en edificios residenciales como el de Campanar.

La suspensión de contratos y la reducción de jornadas se desploman con el fin de las bonificaciones sociales y salariales por la pandemia, mientras los cambios productivos y los nuevos formatos de relación laboral desbocan los ERE de extinción.