"Se ha trabajado inteligentemente" resume Carlos Babío, nieto de una mujer cuya casa quedó dentro de los muros del pazo de Meirás cuando las autoridades del régimen decidieron acrecentar la finca con las propiedades colindantes para mayor gloria del Generalísimo. Babío empezó investigando la expropiación forzosa de su abuela, una madre y viuda joven que quedó "en la miseria" en 1938, y acabó estudiando durante 22 años todo el proceso de "apropiación" de Meirás. En febrero, en Madrid, el alto cargo le anunció a Babío que iban a presentar la dema

Elisa Castiello trabajó de camarera los fines de semana en Vigo para sacarse un dinero extra pero, tras su incursión el mundo precario de la hostelería, ha destapado un abuso laboral por exceso de horario que ha obligado a la Inspección de Trabajo a actuar en abril. Cotizaba dos horas pero, a veces, hacía doce. Su denuncia tuvo éxito.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado en todos sus términos la sentencia condenatoria dictada en su día en primera instancia por el Juzgado Penal 3 de Oviedo para 5 personas y el sindicato UGT desestimando los recursos presentados por sus respectivas representaciones legales, por un delito de fraude se subvenciones en relación a una ayuda concedida a la organización en 2012. La Audiencia sólo estima parcialmente el recurso de una de las condenadas. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en casación

Según la Fiscalía, dejaron de pagar en agosto del 2013 la cuota correspondiente a la aportación de los trabajadores y la cuota empresarial; dos de ellos se registraron supuestamente como trabajadores para cobrar prestaciones por desempleo indebidamente.

Los hombres, de 26 y 73 años, habrían solicitado ayudas de la Política Agraria Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feder), aportando datos falsos en las declaraciones. Así, se habrían atribuido el uso de fincas rústicas en Lugo y Guntín mediante el arrendamiento, sin conocimiento ni consentimiento de sus legítimos propietarios, lo que ocasionó una modificación de la valoración catastral de las mismas.Habrían recibido hasta 30.000 euros con esas ayudas de la UE

Es la empresa gallega con más deuda, unos 35 millones. Fue la Agencia Tributaria la que pidió su separación al apreciar «graves irregularidades». La sociedad nació tras la descomposición del Grupo Mahía en Santiago.

El juez sostiene que el cliente fue víctima de un engaño sofisticado de suplantación de identidad mediante SMS y señala fallos de seguridad por parte de la entidad financiera.

Salem Media distribuyó "2.000 mulas", que afirmaba que los demócratas conspiraron para robar las elecciones de 2020. La empresa de medios de comunicación conservadora responsable del libro y la película "2.000 mulas", en la que se denunciaba una conspiración generalizada de los demócratas para robar las elecciones de 2020 y que fue apoyada por el expresidente Donald Trump, ha emitido una disculpa y ha dicho que detendrá la distribución de la película y retirará tanto la película como el libro de sus plataformas.

Según el ministerio, Toyota, Mazda y Yamaha confirmaron que se han producido trampas en la producción de vehículos que aún se fabrican. El ministerio ha ordenado a estas empresas suspender los envíos de modelos específicos hasta que confirme que cumplen con los estándares de calidad. El ministerio llevará a cabo una inspección in situ de Toyota este martes. Seguirán las inspecciones de otras cuatro empresas.

La situación por el momento es surrealista: el actor se ha declarado culpable para evitar ir a la cárcel, mientras que la actriz va a ir a juicio porque considera que es inocente. Dos estrategias muy distinas. rel www.meneame.net/story/juez-moreno-citara-declarar-ana-duato-imanol-ari

Funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) se han personado en más de 400 gasolineras españolas que venden los carburantes a precios “anormalmente bajos” con el objetivo de investigar si pueden estar implicadas en entramados de fraude de IVA.

Un juez australiano sentenció el martes a un ex abogado del ejército a casi seis años de cárcel por filtrar a la prensa información clasificada que expuso supuestos crímenes de guerra de Australia en Afganistán. David McBride, de 60 años, fue condenado en un tribunal de la capital, Canberra, a una pena de cinco años y ocho meses tras declararse culpable de tres cargos, incluyendo robo y compartir con la prensa documentación clasificada. Se enfrentaba una posible cadena perpetua.

Anticorrupción culmina un contundente informe en el que critica que el exvicepresidente con Aznar se presente como un “apátrida fiscal”, mientras su defensa sostiene que la causa por la que se expone a una condena de más de 60 años es un “castillo de naipes”