La escasa actividad legislativa del Gobierno en la Cámara Baja contrasta con los movimientos del presidente en materia de política exterior, como reflejan las polémicas con Israel y Argentina.

El Congreso siguió el viernes encaminado a desencadenar un cierre del Gobierno, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sufriera otra derrota de gran repercusión cuando la cámara no logró sacar adelante un proyecto de ley provisional para prorrogar la financiación más allá de la fecha límite.

PSOE y Unidas Podemos dan en la mesa del Congreso un impulso a la tercera investigación sobre las presuntas actuaciones irregulares del Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz.

El Gobierno ha dado prácticamente por hecho el envío de tanques Leopard a Ucrania aunque deja el anuncio oficial a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Todo parte del diagnóstico que la derecha política y mediática hicieron de la coalición de izquierdas desde el mismo día en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron su acuerdo en diciembre de 2019: se trataba de un gobierno ilegítimo, por el apoyo que las fuerzas independentistas dieron en la sesión de investidura. A esa estrategia de no reconocer al Gobierno, se une la entrada de la extrema derecha en las instituciones. El decoro parlamentario desapareció del todo con la llegada de Vox al Congreso.

Meritxell Batet parece que quiere proteger al Gobierno. La presidenta del Congreso de los Diputados y los miembros de la mesa de esta cámara reciben todas las preguntas que los diputados de los distintos grupos parlamentarios presentan. Sin embargo, ellos también tienen la potestad para admitir estos escritos o no. Y hay un político al que le han tumbado gran parte de las preguntas que ha presentado y los motivos resultan cuanto menos sorprendentes. Se trata de Pablo Cambronero, el político del grupo Mixto, quien ha presentado un sin fin...

El Gobierno ha salvado con más comodidad de la que acostumbra la primera votación crucial del curso político. El Congreso ha convalidado el decreto energético con el respaldo sin fisuras de los socios de la investidura: 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención. ERC, EH Bildu y PDeCAT, que mantenían el suspense, han respaldado el decreto como el PNV, que lo confirmó la víspera. El BNG ha optado por la abstención. Los votos positivos han sido del PSOE (120), Unidas Podemos (33), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2),

En el primer Pleno del curso político, Feijóo acaba apoyando dos de los tres reales decretos del Gobierno (los otros dos eran el de cotización de autonomos y medidas urgentes por los incendios forestales), que ve consolidada la mayoría de la investidura gracias a los acuerdos con ERC, PNV, EH Bildu o Más País. También han quedado refrendadas las leyes del 'sí es sí'–, la de Ciencia y la Concursal.

El Gobierno ve cada vez más expedito el camino hacia la convalidación del decreto ley de medidas de ahorro energético que se vota este jueves en el Congreso, después de que algunos partidos hayan desvelado su posición favorable o, al menos, no contraria. Cambios en la limitación de las temperaturas de calefacción y refrigeración, cierres automáticos en las puertas de acceso y apagado de los escaparates a las diez de la noche son algunas de las nuevas obligaciones recogidas en el documento.

La Moncloa negocia ya con Alberto Núñez Feijóo, recién elegido y proclamado presidente del Partido Popular, una cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para esta misma semana. El equipo del presidente, dirigido por Óscar López, se ha puesto en contacto con el de Feijóo nada más ser elegido y le ha ofrecido dos posibilidades: martes y jueves de esta semana. La cita no está cerrada, Sánchez tiene varios compromisos esta semana en la que espera cerrar una visita a Rabat y Feijóo sigue siendo presidente de Galicia y muchos compromisos.

La pandemia de la covid-19 obligó al Congreso de los Diputados a acelerar algunos aspectos de su funcionamiento histórico, ante la obligación de los parlamentarios de permanecer primero durante varias semanas totalmente confinados y, luego, según evolucionaban los índices de contagios, a limitar mucho su presencia física en las instalaciones de las Cortes. La Mesa del Parlamento, el órgano que rige su funcionamiento, decidió cambiar el desfasado y poco usado sistema anterior del voto telemático para ampliarlo al máximo y agilizarlo.

El Gobierno rascó de aquí y de allá, lo empaquetó todo y lo mandó al Congreso colocando a los diputados en un dilema: si querían votar contra la obligación de usar mascarillas en la calle, lo tendrían que hacer también contra la actualización de las pensiones. Solo los habituales —la derecha— se atrevieron a llevar su rechazo tan lejos.

El Ministerio de Trabajo ya ha mantenido los primeros contactos discretos con ERC, PNV y EH Bildu para escuchar sus demandas. La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es una de las claves para desenredar la madeja.

El Gobierno fue controlado por el Congreso de los Diputados un total de 38 veces durante los 195 días que duró la prórroga del segundo estado de alarma. El presidente del Gobierno, el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa y el resto de miembros del Ejecutivo comparecieron hasta en 48 sesiones de control tanto en plenos como en comisiones del Congreso y el Senado, es decir, de las Cortes en su conjunto.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves en el Pleno del Congreso que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables". Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a "quienes garanticen 'exnovo' precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas", con el fin de "impulsar la cobertura de precios razonables..."

Los morados, junto a otros partidos aliados del Gobierno como ERC o EH Bildu, han llegado a un acuerdo con el Sindicato de Inquilinos, la PAH y otros colectivos -entre los que se encuentran también CCOO y UGT- para registrar en el Congreso una proposición de ley redactada por el movimiento activista. Y ese texto, que se presentará la semana que viene, recoge el establecimiento de un mecanismo de limitación de precios de los arrendamientos.

La ciberseguridad, o sus brechas, cada vez ocupan más titulares. Los ataques informáticos se han incrementado considerablemente en el último año al calor de la pandemia, las cuantías de los rescates son cada vez más altas y los ciberdelincuentes más osados. El reciente ataque al SEPE es buena prueba de ello. Por eso, las medidas y la formación en seguridad cibernética se están reforzando en múltiples ámbitos, y ahora el Senado y el Congreso de los Diputados han pedido al Gobierno de España que lo haga en dos colectivos especialmente vulnerables

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, y el diputado del grupo parlamentario Guillermo Díaz han presentado este lunes en el Congreso una pregunta sobre la desaparición de alrededor de 30.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 en los datos que diariamente proporciona el Gobierno sobre la campaña de vacunación en España. Para el grupo parlamentario se trata de «un nuevo caso de falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno de España».

El Gobierno ha vetado el debate en el Congreso de una proposición de ley registrada por Junts para habilitar a las administraciones públicas a convocar oposiciones en las que se reserve hasta el 70% de las plazas a determinados interinos, y lo ha hecho alegando el impacto presupuestario que ello tendría. Junts pide reservar esas plazas a interinos con un mínimo de diez años de antigüedad en los puestos objetos de convocatoria.

...es "una amenaza" para la UE. Santiago Abascal fue durísimo contra el Gobierno, y lo hizo a cuenta de la Unión Europea. "Sánchez e Iglesias son una amenaza para la supervivencia de Europa", . Abascal, de hecho, defendió el papel de Hungría y Polonia y su veto a los fondos de recuperación europeos, y celebró un "acuerdo" que fue "una victoria para ellos". En una discurso con tintes euroescépticos, Vox apuntó que quiere una Europa "que respete la identidad de las naciones" y no una "progre y globalista".

El estado de alarma deberá volver a pasar por el Congreso de los Diputados en el caso de que el Gobierno quiera prorrogar su duración más allá de los 15 días iniciales. A la Cámara Baja le corresponde controlar la aplicación y decidir sobre si esta se lleva a cabo durante más tiempo.