La Federación de asociaciones vecinales de la ciudad resalta que el soterramiento de esta infraestructura de comunicación es una obra que cuenta «con el consenso social y político», que dispone de informe técnico, está presupuestada, licitada y no es «una maqueta o una idea peregrina sin proyecto alguno»

La Policía Local, durante un control llevado a cabo esta madrugada con motivo de las Fiestas del Cristo, pilló al volante de su vehículo a la primera teniente de alcalde de Cangas, la socialista Iria Malvido, conduciendo bajo los efectos del alcohol. En las dos ocasiones que se le hizo la prueba dio una tasa de 0,84 mg/l, triplicando el mínimo permitido. Según testigos, la dirigente socialista conducía invadiendo el carril contrario y a gran velocidad en el momento en el que los agentes le dieron el alto.

Hay que elevar el listón ético de toda la clase política y, por ello, pedimos a nuestros dirigentes que aprueben el Código y asuman este compromiso públicamente". El texto recoge un compendio de compromisos éticos aplicados en otros países. Aborda: conflictos de interés; asesores y nombramientos; relaciones con la Administración y organismos independientes, uso de recursos públicos como residencias oficiales; viajes y coches oficiales; transparencia y lobbys; relación con los medios de comunicación y uso de las redes sociales; y regalos y hospi

Un 26 de junio de 1974. Sharon Buchanan, cajera de supermercado de un establecimiento Marsh en Troy (Ohio, USA), escaneó el código de barras de un modesto paquete de chicles de la marca Wrigley al precio de 67 centavos. Detrás de este gesto, en apariencia insignificante, se escondía un nuevo sistema de gestión que revolucionaría el proceso de compra y las operaciones logísticas de las empresas de todo el mundo. Desde entonces se han escaneado cientos de millones de códigos de barras, que han cambiado el comercio minorista para siempre.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca condenó al conductor responsable del atropello mortal de la ciclista vallisoletana Estela Domínguez a un total de 5.400 euros de multa y a 18 meses de carné. Así, el conductor del camión ha sido condenado a la pena que solicitaba la Fiscalía, con una multa a razón de 10 euros la cuota diaria durante 18 meses, los mismos que estará privado del derecho a conducir, además de pagar las costas judiciales. Antes del juicio, los padres de la joven fallecida fueron indemnizados por el seguro con 218.500€.

Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.

Modificar el artículo 187 del Código Penal, que recoge las penas por proxenetismo que existen en nuestro país. Hasta ahora ese artículo solo castiga como delito a quien «induzca, promueva o facilite» a un menor de edad o persona incapaz a ejercer la prostitución, y también si quien lo hace es un funcionario público o policial. Ampliar ese fenómeno «en todas sus formas» es, nada menos, lo que pone hoy el PSOE sobre la mesa. Pero en juego hay mucho más. Decidir en qué lado está el país en un debate interno que ha atravesado cada estado europeo.

Setecientas personas recorrieron Gijón esta tarde cargando contra el fiasco del vial de Jove y los altos niveles de contaminación

La Policía Local de Zaragoza se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales por anunciar la detención de un conductor ebrio. Una infracción que, desgraciadamente, se produce a menudo en las carreteras españolas y que no sería noticia de no ser por el combo de delitos protagonizado por el ciudadano en cuestión.

Ya hay fecha para el juicio por el atropello mortal del triatleta de Barbastro Alejandro Sierra, arrollado por un conductor ebrio cuando entrenaba en bici con su compañero David Bestué, que resultó herido grave. El trágico suceso se produjo el 30 de octubre de 2020, pero será el próximo lunes, 20 de mayo, cuando el Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca siente en el banquillo al acusado, Santiago Asín, un vecino de Alberuela de Laliena de 61 años para el que la Fiscalía pide un condena de cuatro años de prisión

La sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado. Relacionada: www.meneame.net/story/justicia-impide-apertura-codigo-fuente-aplicacio

Pisarello ha aprovechado para cargar contra una parte de la judicatura, asegurando que esta norma permitirá que "la obsesión vengativa de ciertos jueces afines a la derecha no impida impida algo que quiere una parte importantísima de la ciudadanía: pasar página en Cataluña y devolverá a la política lo que nunca debió salir de ella". En este sentido apuntó que "no se puede volver a repetir" que "algunos jueces hayan hecho una interpretación absolutamente incompatible con el derecho europeo de presentar al independenitsmo como terro

La posible identificación de los productos españoles -y los que no lo son- a través del código de barras es un mito falso y persistente que lleva circulando desde hace muchos años y que ha llegado a instalarse en el imaginario colectivo de muchos consumidores. Es rotundamente falso. "Da igual si un código de barras comienza por 841, 843 o 847… Este número no tiene ninguna relación con el país de origen del producto. ¡Sin excepciones!". Así de categóricos se manifiestan desde Aecoc, la entidad certificada en España que genera el código de barras

Según la solicitud del Primer Ministro Pham Minh Chinh, el gobierno recopilará datos biométricos de ciudadanos, como escaneos del iris, grabaciones de voz y muestras de ADN, que se almacenarán en un código QR, reemplazando la huella dactilar, en un esfuerzo para implementar la Ley de Identificación Ciudadana. Estos datos confidenciales se almacenarán en una base de datos nacional y compartirán entre agencias para "realizar sus funciones y tareas". La ley fue aprobada el 27 de noviembre de 2023 y entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2024.