Una grave negligencia informática del Ministerio de Justicia ha descubierto material privado de todo el colectivo judicial español. ¿Ha sido un incidente aislado? Algunos avisan: esto se veía venir

¿Hay algo que sea normal en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno? ¿Algo que sea previsible en esta investigación penal? ¿Algo que ocurra de manera cotidiana en cualquier otro juzgado español?. La respuesta es muy corta. No, no hay nada que sea muy normal. Ni los plazos, ni las formas ni los procedimientos.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica, tomando dos párrafos de un artículo escrito hace años por este perito informático en esta misma página web, en la que establece que un perito informático titular es aquél que está colegiado y posee una titulación universitaria oficial. La sentencia no es baladí porque cita, directamente, el precepto legal contenido en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece las condiciones que deben cumplir los peritos titulares y su diferencia respecto de los no titulares.

La jueza instructora ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a volver a registrar el despacho del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz este jueves tras detectar “errores informáticos” en el volcado de los correos electrónicos de la cuenta corporativa del investigado, lo que provoca que existan “espacios temporales amparados por el mandamiento judicial que no muestran contenido”.

Estaba conectado a la red, con acceso a información sensible. Las sospechas se centran en torno a un trabajador del servicio de Informática. La Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Gijón investiga el uso y contenido de un ordenador hallado «oculto» en un doble fondo de un armario del Ayuntamiento y que al parecer no estaba autorizado para estar conectado a la red municipal

Además cobra multa e intereses a los creyentes que no paguen diezmo. Aseguran que esta decisión de vender nuevamente terrenos se debió a una “reunión con Dios” en donde se informó que aún contaban con “terrenos celestiales” a la módica cantidad de $100 dólares el metro cuadrado, además de que aceptaban todo tipo de tarjetas. Agregaron que para realizar la compra de los “terrenos” deben de descargar una supuesta aplicación por medio de un link directo, asegurando que el inicio del trámite debe de realizarse por medio de dicha app.

La solicitud de la ayuda con la nueva cuantía podrá realizarse una vez que se abra el formulario de solicitud en junio y, según ha detallado la entidad pública, si el autónomo o la microempresa ya ha sido beneficiaria y quiere solicitar la ampliación de 1.000 euros debe entrar en su expediente, seleccionar el botón habilitado para ello y firmar esa conformidad. En este caso, la concesión es "automática".

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) acaba de informar a sus estudiantes y exestudiantes que han sufrido un hackeo que ha expuesto y filtrado los datos personales de miles de usuarios que realizaron prácticas en empresas durante su tiempo en el campus

No es la primera vez que un error informático desata el caos para una conocida firma y permite que sus clientes obtengan artículos de importante valor por un precio irrisorio. Esta vez le ha tocado el turno a Cartier, que ha visto cómo un hombre de origen mexicano ha logrado llevarse dos pares de pendientes de diamantes por apenas 13 euros, siendo su coste real de 13.000 euros. Rogelio, como así se llama el gran afortunado, visitó la página web de Cartier en México y mientras navegaba se dio cuenta de lo que era una oferta irresistible.

La multinacional estadounidense DXC Technology, encargada de proporcionar servicios informáticos y de gestión a grandes empresas y entidades públicas en España, se enfrenta a una huelga de sus trabajadores que podría tener un impacto significativo en sectores clave de la economía del país. Los empleados de DXC, que suman alrededor de 7.500, están llamados a secundar paros durante siete días estratégicamente seleccionados, comenzando el 21 de marzo y extendiéndose hasta el 5 de junio.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que un informático tendrá que entrar en prisión por paralizar durante una semana el Banco Santander con un ciberataque denominado “bomba lógica” después de que en 2017 su empresa, una subcontrata de la entidad, decidiera “prescindir de sus servicios”. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han confirmado su condena de tres años de cárcel por causar el “caos” en el banco de Ana Patricia Botín, un ataque informático que tumbó 3.178 ordenadores de 839 oficinas y más de un centenar de puestos de caja durante cas