Un tribunal de Baiona condenó la pasada semana a las empresas CBA Artola y Etcheverry-Mindurry por el tráfico ilegal de los residuos que fueron depositados en el vertedero de Zaldibar. La trama fue investigada en 2021 por la Fiscalía de Gipuzkoa, cuando se requirió al Gobierno Vasco información sobre empresas guipuzcoanas involucradas en esta red. En su memoria del ejercicio 2022, la Fiscalía de Euskadi se quejó de la falta de colaboración del área de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
