Se despide del Consejo General del Poder Judicial por todo lo alto. No por sus intervenciones en los plenos y las comisiones permanentes, pues la vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda García de la Torre, conocida entre todos (absolutamente todos) los magistrados de la casa como “la semoviente”, no era célebre por sus discursos o declaraciones en el Consejo, inexistentes, sino porque sus gastos de desplazamiento han disparado la curiosidad de muchos compañeros de trabajo.

Al menos dos heidos y un desaparecido tras una explosión en una planta de armamento de defensa en Arkansas. La explosión se ha producido en la planta de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems en Camden. La planta de Camden se dedica a la fabricación misiles Hellfire y Javelin y diversas municiones de mortero. La empresa lo calificó inicialmente de "incidente pirotécnico", pero más tarde confirmó que se trataba de una explosión.

Reclaman mejoras en la la alimentación, salud y ropa y más clases de español. El pasado mes de octubre, el albergue de Pirenarium, en Sabiñánigo (Huesca) se convirtió en la residencia temporal de 187 migrantes. Nueve meses después, el albergue continúa al completo y los ocupantes denuncian “deficiencias” en sus necesidades básicas y demandan clases de español para poder avanzar en su proyecto de vida en España. Actualmente, reciben clases de español impartidas por voluntarios de la Plataforma Pro Refugiados del Alto Aragón, pero demandan más

Esta protesta forma parte de las movilizaciones impulsadas por los sindicatos UGT, CIG, CC. OO. USO y SU ante «la negativa de la dirección a negociar ningún incremento salarial vinculado al IPC, ni un porcentaje de subida que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo durante la vigencia del acuerdo».

El Ayuntamiento de Madrid les notificó esta semana que rechazaba su solicitud de incorporación al Cuerpo de Bomberos Municipal, cerrándoles la "última puerta" tras casi cuatro años en una situación de excedencia forzosa. El Ayuntamiento de Madrid era su última baza para seguir trabajando como bomberos, tras más de dos décadas con una plaza en el cuerpo. La negativa de José Luis Martínez Almeida los ha llevado a tirar la toalla y poner fin a sus reivindicaciones.

Más de 120.000 trabajadores están llamados a secundar el paro convocado por cuatro de los cinco sindicatos que están en la Mesa Sectorial

Más de 500 inquilinos en un bloque del suburbio de York South-Weston, en Toronto, Canadá, comenzaron una huelga total de alquileres en protesta por los excesos en los incrementos de renta por parte de la empresa propietaria del edificio, Dream Unlimited. Un mes más tarde, el 1 de julio, 100 vecinos más de un bloque aledaño, en 22 John St, se sumaron a la huelga. A un año de aquel hito, los vecinos continúan en huelga, con victorias en su haber y sin ningún desahucio de huelguistas. La unión, y los números de gente participando, hacen la fuerza.

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Vodafone España se ha intensificado. Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y STC, han anunciado la convocatoria de huelgas y paros parciales en todos los centros de trabajo de la operadora en julio, en respuesta a la propuesta del fondo británico Zegona, que consideran «injustificable».

Delegados sindicales de CCOO, UGT, CSIF, SIAT y CIG llevan acampados varios días en la sede de la Agencia Tributaria reclamando que se descongele el acuerdo de carrera profesional que les impide mejoras retributivas y de promoción de escalas

La cúpula fiscal respalda por la mínima al fiscal general del Estado, que defiende que procede amnistiar todas las conductas vinculadas con el referéndum del 1-O y levantar la orden de detención contra el expresident

Las trabajadoras que permanecían encerradas desde el pasado viernes acaban de ser desalojadas. La empresa procedió a denunciarlas y llamar a la Guardia Civil, que accedió a las instalaciones sobre las 21:30 de este lunes, comunicándoles que tenían que salir del reciento o que las echarían por la fuerza. Rel: www.meneame.net/story/dependientas-coruna-continuan-encierro-dentro-in

Es la norma, no la excepción: el primero que cae en España es siempre el que denuncia o persigue la corrupción. Y siguiendo esta larga tradición, el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso probablemente será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Jaque mate, porque la imputación es el final de esta partida. El cerco contra el fiscal general del Estado coincide con otra cuestión: la entrada en vigor de la amnistía. Y la defensa que ha hecho Álvaro García Ortiz del cumplimiento de esa ley le pone en la picota

La empresa mandó cortar la luz para incomunicarlas. Hasta el momento no hay otra reacción de Inditex. Las trabajadoras reclaman negociación provincial y también han convocado huelga para el primer día de rebajas.

La guerra laboral que encaran las dependientas gallegas contra el imperio textil presidido por Marta Ortega no para de escalar posiciones. Las delegadas de todas las tiendas de Inditex en La Coruña han iniciado un encierro en la sede mundial del grupo, en Arteixo, para empujar una negociación. Además, han convocado una huelga para el próximo 27 de junio, en plena temporada de rebajas."El objetivo es permanecer en las instalaciones hasta que la empresa acuerde negociar una fecha concreta para retomar las reuniones de la mesa", explican.

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Charles Rodríguez (1973) y Rubén Agudo (1980) llevan tres años, ocho meses y 12 días cobrando una nómina de poco más de 700 euros al mes. En la Seguridad Social figuran como trabajadores en situación de excedencia forzosa. Los dos son bomberos y han aprobado una oposición para acceder al cuerpo, pero un cúmulo de errores administrativos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés los ha dejado en la calle.