Se cumple un mes y un día de la huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el conflicto parece que está totalmente encallado. La reunión de 15 horas que la pasada semana mantuvieron en Madrid los representantes del Ministerio de Justicia y del comité de huelga no sirvió para nada. Los letrados reconocen que la huelga indefinida provocará que los retrasos «sigan aumentando de manera alarmante»

Una representación de los letrados de la Administración de Justicia de Galicia (antes denominados secretarios judiciales) han mantenido este lunes un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y con el fiscal superior, Fernando Suanzes, para trasladarles sus demandas y las circunstancias que los han llevado a secundar una huelga indefinida convocada a nivel nacional y activa desde el pasado 24 de enero.

Un centenar de interinos de la Administración de Justicia tienen la oportunidad de convertirse en secretarios judiciales con plaza fija en propiedad sin tener que opositar. Es decir, pasar a ser funcionarios de carrera sin someterse a un examen que mida sus conocimientos, solo con un concurso de méritos acumulados en los diez últimos años, en el que se otorga notoria ventaja, por puntos, a quienes son o han sido secretarios judiciales interinos.

La capacidad de presión de los letrados es lo suficientemente importante como para que su decisión de ir a la huelga pueda sumir a la justicia española en un caos a principios de 2023. Aunque el impacto real de las protestas llevadas a cabo hasta el momento, que el colectivo cifra en 10.000 juicios y vistas paralizados, es difícil de cuantificar, el papel que desempeñan los letrados en el día a día de los tribunales resulta clave, por lo que sería un grave error minusvalorar su capacidad de bloquearlos.

Facilitó las llaves de las dependencias a su hija para esa celebración la pasada Nochevieja fuera del toque de queda marcado por la covid.

Hemos apelado a la Justicia para que ponga coto a la situación que se vive en muchos juzgados donde Secretarios, Jueces, Fiscales, Funcionarios, y otro mucho personal de limpieza, vigilancia, etc, está expuesto al virus sin ningún tipo de medidas de protección y la Magistrado Juez requiere al Ministerio y la Comunidad de Madrid para que en 24 horas lo solucionen. Después de muchos días de angustia para gente que se la está jugando, un poco de esperanza. Saludos.

Se está repitiendo algo que es un error en los medios, y que me da la sensación que es sólo propaganda, sobre el cierre de páginas web; que desde las primeras luchas digitales contra la LCSI ha sido un caballo de batalla. Ya entonces, en 2001, un primer anteproyecto permitía el cierre administrativo de páginas web, y fue el mismo grupo parlamentario del PP el que tuvo que rectificar y poner en la ley que sólo se podían secuestrar publicaciones en internet con orden judicial. Esto continúa vigente. Un secretario de Estado, por lo tanto, no puede

La secretaria del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que declaró este miércoles en el Tribunal Supremo sin mostrar su imagen en televisión durante el juicio por el 1-O, se ha convertido en la principal pieza de caza de los extremistas independentistas. A pesar de la preservación de su imagen, el Moviment Republicà Català (MRC), un grupo extremista independentista, ha publicado su fotografía a través de su página de Facebook.

El infierno de acoso de una funcionaria de Justicia en Canarias por parte de un secretario judicial ha terminado, de momento, con una indemnización de 13.000 euros que tendrá que pagarle la Consejería de Justicia insular. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma que la trabajadora fue víctima de comentarios machistas y de un trato desconsiderado por parte del letrado que está adscrito al juzgado (antiguo secretario judicial), según explica el sindicato Intersindical Canaria. Así, el Gobierno de Canarias incumplió d

Los guardias dicen que el registro de Economia se eternizó porque el número dos de la Conselleria no autorizó a registrar su despacho sin estar presente.La funcionaria judicial del registro en la casa de Jové asegura al juez que éste renunció ante varios agentes a su derecho a ser trasladado a la Conselleria. Los hechos alrededor de Economia centran una parte del relato de la presunta rebelión con el que Llarena ha procesado a los líderes independentistas..

Un centenar de personas se concentraron a las puertas de la empresa para tratar de impedir que el secretario judicial pueda acceder para abrir los sobres. Los Mossos han despejado el extremo norte de la calle, donde había menos manifestantes ya que el grueso se encontraba frente a la entrada principal de la empresa.

La funcionaria acepta los cargos del fiscal y la Abogacía del Estado, que reclaman 6 años de prisión.

Los Mossos d'Esquadra sostuvieron ayer, en un comunicado sobre el suceso de Salou, que "en el momento de los registros, que se han realizado en presencia de la secretaria judicial, en uno de los domicilios una persona ha saltado desde el balcón de un tercer piso al detectar la presencia policial".

El secretario judicial que el jueves, minutos después de que una empresa presentara aval para participar en la subasta del aeropuerto de Ciudad Real que debía celebrarse el viernes, suspendió el proceso, ha sido denunciado en una comisaría de la ciudad manchega por su actuación en este caso. De acuerdo a fuentes jurídicas, la empresa que pretendía acudir a la subasta ha denunciado al funcionario por presuntos delitos de prevaricación y de influir en el desarrollo de una subasta pública...

Cerca de 10 años después, el Centro Social Okupado y Autogestionado l'Estella de Mataró llevará a juicio al secretario judicial responsable de la inutilización del espacio liberado. El 18 de febrero de 2005, el secretario judicial del Juzgado de Instrucción numero 1, con Carlos Agueda Holgueras al frente, tenía ordenes de identificar y notificar a los ocupantes del CSOA l'Estella de Mataró que se iniciaba un proceso judicial contra ellos. Sólo tenía que identificar y notificar, no tenía, en ningún caso, que efectuar el desalojo. traducción #1

El expresident acusa al magistrado de "torcer el derecho" al proseguir con la investigación de la trama rusa pese a la orden de la Audiencia de Barcelona que se lo impedía. El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, pero que debía hacerlo “por razones de equidad y justicia y de importancia histórica para la Unión Europea”.

La fundación Faes, cuyo presidente es el expresidente José María Aznar, ha dado su visto bueno al acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE. Para el grupo, la renovación del órgano judicial era “perenotoria” después de cinco años de “prórroga” y señalan al Gobierno por este bloqueo: “Lo dificultaba la negativa del Gobierno a comprometer, simultáneamente, modificaciones legislativas que garantizasen la conformidad con los estándares europeos del procedimiento de designación de vocales del Consejo”.

Se trata de la nueva sustancia psicoactiva detectada este mes por Energy Control en un festival en Barcelona. Se intentó comercializar como MDMA y con un particular diseño.

El órgano de gobierno de los jueces sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Los vídeos han circulado rápidamente, pero Paz Padilla los ha borrado posteriormente. ¿Cuál es el motivo? Como detectaron varios usuarios, en ellos aparecía el WhatsApp escrito por un número guardado como "secretario del Ayuntamiento de Madrid" y las siguientes palabras: "Si te apetece ir para que te pongas más guapa aún de lo que ya estás, cosa casi imposible, pero bueno...".

El Gobierno argentino de Javier Milei enfrenta una causa judicial por el acopio de alimentos que eran destinados a comedores comunitarios, donde la demanda crece diariamente por el aumento de la pobreza. Este martes, durante una audiencia, el dirigente social y abogado denunciante Juan Grabois se trenzó en insultos con la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, una de las funcionarias responsables por la retención de mercadería a punto de vencerse en dos depósitos del Estado.

La mercantil Club de Golf El Cortijo SL, propietaria del 50% del El Islote del Francés, se ha personado en la causa que enfrenta desde hace años al Ayuntamiento de Arrecife y la propietaria de los terrenos. Para ello, ha contratado la asistencia del abogado Rafael Fernández Valverde, un magistrado jubilado que desempeñó su labor en la Sala Tercera, Sección Quinta del Supremo. Además, Fernández también fue presidente de la sala ante la que se ha dirigido el escrito por el que la entidad se ha personado ahora en la causa. A ello se suma que...

Vocales de ambos sectores aluden a la complejidad de los trabajos y los bandazos del Gobierno, que metió el proyecto en un cajón durante varios meses, para justificar la tardanza en hacer el dictamen que el Ejecutivo reclamó por primera vez en 2021

El abogado de Eduardo Zaplana, Daniel Campos, ha empezado fuerte su exposición del informe de conclusiones en el juicio del caso Erial. Sus primeras reflexiones han ido dedicadas a la totalidad de la instrucción de esta causa y se han centrado en los ataques directos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su actuación. Así, la ha acusado de ser "una policía judicial que no creemos que sea moderna sino de un régimen anterior al del 78".