"La siniestralidad está vinculada a la presión a los trabajadores por los tiempos y a la falta de refuerzo de las plantillas. Las empresas quieren dar un servicio inalcanzable con las plantillas que hay y les penalizan si la entrega se hace tarde. Y eso genera estrés y ansiedad y en ocasiones les lleva a asumir riesgos", describe Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO (Unión Sindical Obrera), una situación cada vez más generalizada en sectores como el transporte y reparto de paquetería, la distribución y el reparto.

¿Es un carro? ¿Un vehículo? ¿un cajón con ruedas? No, son robots y están dispuestos a convertirse en los nuevos ‘riders’ que circularán por las calles de Zaragoza en muy pocas semanas para encargarse del reparto a domicilio. Completamente eléctricos y autónomos, la empresa Goggo Network empezará los primeros ensayos sin mercancía este mes de agosto para operar a partir de septiembre.

Las condiciones físicas que requiere el puesto de trabajo y las dificultades añadidas, como los problemas para estacionar, hacen que cada vez sea más difícil encontrar personal para la distribución de bombonas de gases.

Radiografía de los repartidores de comida a domicilio.

Se llaman cocinas fantasma, o dark kitchens, un nombre de por sí inquietante en cualquier idioma. Y en silencio están transformando la hostelería: no son negocios a la vista, con un local abierto al público, sino cocinas instaladas en naves -o en pisos- montadas exclusivamente para el reparto a domicilio, que se ha disparado con la pandemia y los confinamientos. Hemos duplicado las comandas online durante el último año, según numerosos informes; sin embargo, cuando compramos una hamburguesa, una bandeja de sushi o un menú casero por el móvil...

El debate sobre la legislación que elabora el Ministerio de Trabajo para evitar los falsos autónomos en las plataformas digitales tiene un nuevo actor: el Partido Popular. En plena negociación de la regulación entre Gobierno y los agentes sociales, la formación que lidera Pablo Casado ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Ejecutivo a que apruebe "de manera urgente" una ley específica sobre el trabajo en plataformas digitales.

Las distribuidoras realizarán las entregas en un plazo máximo de 48 horas desde la realización del pedido en los distritos madrileños de El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España, Castilla, Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista, Castellana, El Pilar, La Paz y Concepción. Los envíos no tendrán coste más allá del de los pedidos y, además de cerveza, podrán incluir vino, agua, zumos o conservas, entre otros. Todos los beneficios que el distribuidor obtenga se destinarán a Hostelería Madrid.

La entrega a domicilio de las compras efectuadas en Internet supone una enorme fuente de gases de efecto invernadero, en especial cuando las entregas no pueden realizarse y es necesario repetir el trayecto. Los investigadores estudian estas entregas para ver si hay una forma mejor de hacer las cosas, con ideas como robots mensajeros, taquillas comunes para paquetería y un “Uber” para paquetes.

El Gobierno andaluz no comparte la política migratoria del Ejecutivo central. Así lo ha manifestado en varias ocasiones la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias, e Igualdad, Loles López, quien este miércoles ha insistido en su crítica que pasa por la falta de información, de coordinación y de fondos para poder hacer frente a la acogida de migrantes, no sólo menores sino también adultos. En este sentido, Loles López ha acusado este miércoles al Gobierno de "actuar como Amazon" en el reparto de los menores migrantes en un paralelismo.

El Tribunal Supremo ha establecido que Hacienda no puede interrogar a las personas presentes en un registro domiciliario porque se vulnera su derecho de defensa y se crea una atmósfera de intimidación.

El Gobierno gallego confía en tener en vigor a "principios de 2025" el nuevo decreto que regulará el reparto de medicamentos a domicilio por parte de las farmacias a pacientes que lo precisen, es decir, que sean dependientes o que vivan en zonas del rural. La idea, según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es que sean las cinco farmacias más próximas a las respectivas viviendas las que realicen esta dispensación puerta a puerta.

Cataluña quiere ‘borrarse’ del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades pactado por el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Según confirman a THE OBJECTIVE distintas fuentes parlamentarias, Junts ha exigido a ambos Ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la Ley de Extranjería para excluir a la comunidad autónoma catalana de la acogida de menores.

La ONU estimó el jueves que la reconstrucción de Gaza costará entre 30.000 y 40.000 millones de dólares y necesitará un esfuerzo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Si se lleva a cabo por el proceso normal podría "tardar décadas y el pueblo palestino no se puede darse ese el lujo". Realojar en lugares dignos y restablecer la vida habitual en términos económicos, sociales, sanitarios y educativos "debe lograrse en los 3 primeros años". Hay 37 millones de toneladas de escombros, 72% de viviendas están total o parcialmente destruidas.

En los últimos meses se han presentado varios informes y estudios sobre el reparto y la ejecución de los fondos europeos Next Generation. En ellos se clasificaba la concesión de las licitaciones, subvenciones y transferencias que se hacían con dichos fondos para acabar dando titulares tipo “El sector público recibe el 85% de los fondos NG España” u otros basados en los 100 mayores receptores que decían que “El 61% de los 100 principales beneficiarios de los fondos europeos en España pertenecen al sector público”. Pero había trampa.

Tras haberse desmontado el monumento que estaba en Atocha por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, ayer Rivera de la Cruz avanzó que los ladrillos de vidrio del monumento serán repartidas entre las asociaciones de víctimas y los ciudadanos que así lo deseen.