La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

La Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se ha querellado contra el empresario y extorero Miguel Báez El Litri por supuestamente expoliar el entorno del acuífero de Doñana al regar sus 360 hectáreas de olivar con cuatro pozos ilegales.

La encargada de la tarea es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Tiene las competencias de la llamada Policía de Aguas y es además el encargado de dar autorizaciones de riego en su demarcación. En la actualidad mantiene abiertos los procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de estos 407 pozos, después de que a mediados de agosto se clausuran 13 y otros 25 en julio.

Hasta 51 pozos ilegales orientados a la captación de agua para uso agrícola ha logrado destapar la Guardia Civil en la 'Operación Underwater', que ha llevado a cabo en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El golpe culmina con la investigación de 18 personas como supuestas responsables de esas extracciones, en la mazarronera rambla del Ramonete, que habrían superado los 2,5 millones de metros cúbicos de agua con un valor aproximado de dos millones de euros, según especificaron fuentes del cuerpo.

En España se perfora la tierra sin control para extraer agua. Los pozos ilegales se adueñan del campo. La opacidad de la Administración contribuye al caos porque no publica datos oficiales desde 2006, cuando el Gobierno reconoció la existencia de 510.000 excavaciones irregulares. En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente admitió que la cifra de esas construcciones ilegales podía ascender a más de un millón, como señala Greenpeace.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitó al juzgado el cierre cautelar de los pozos en un terreno situado en las lindes de Doñana. En la finca Aljóbar propiedad de la Casa de Alba en las lindes de Doñana, denunciada por extraer agua de forma ilegal para el riego agrícola, se han recogido más de 60.600 toneladas de naranjas desde 2010, según una contabilidad interna de la producción.

Técnicos de la Confederación del Guadalquivir, escoltados por la Guardia Civil, han obligado a los regantes a extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones ilegales para después precintarlas. La orden la ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Gobierno central, que está llevando a cabo estas intervenciones en colaboración con el Seprona. La presencia de agentes de la autoridad es necesaria ante las situaciones de tensión que se suelen vivir cuando se clausura un pozo.

Sólo en 2022, Eurotecnica Agraria consiguió 15 ayudas del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Andalucía. En Aljóbar se cultivan naranjas que después se utilizan para la confección de productos gourmet a través de la marca Casa de Alba. Ya en 2013, la entonces alcaldesa de Aznalcázar, Dolores Escalona (PSOE), denunció su temor ante la posibilidad de que la gran balsa de agua de la parcela estuviese recogiendo agua de manera ilegal del acuífero 27 de Doñana, actualmente en el centro del debate político debido a la propuesta del...

Una propiedad destinada a la recolección de naranjas selectas para el mercado 'gourmet' está pendiente de la petición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al juzgado para sellar cautelarmente nueve tomas de agua sin autorización. Presuntamente, se extrae sin autorización agua del subsuelo en una finca agrícola de los herederos de la Casa de Alba, la mayor propietaria de tierras de España. Para que la naranja pueda ir al mercado gourmet hay regar con más frecuencia y abundancia. "Es incalculable el agua que han podido sacar de ahí".

La NASA ha publicado una demoledora imagen por satélite donde se aprecia el impacto que los pozos ilegales, la sequía y el turismo están ocasionando en el mayor humedal de Europa, el Parque de Doñana. Con la intervención de la agencia aeroespacial estadounidense se completa un círculo global de instituciones a todos los niveles (Unión Europea, comunidad científica, Gobierno español, Unesco, Naciones Unidas…) que se opone de facto al plan que promueve en la Cámara autonómica el ejecutivo andaluz con el apoyo de la ultraderecha de Vox.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado a lamarea.com que intentó precintar ocho captaciones pero la propiedad impidió la entrada del...

La Guardia Civil (SEPRONA), ha localizando y sellando 14 pozos ilegales en uno de los parajes de mayor valor ecológico de la Sierra de La Almenara, y con los que se han estado extrayendo importantes volúmenes de agua para regar ilegalmente campos de golf

Localizados en la finca en la finca Aljóbar de Aznalcázar, están camuflados con lonas de color verde para no ser visibles de forma área o a pie de parcela. Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una serie de captaciones de agua subterránea (9 pozos) cuya concesión administrativa no se ha podido acreditar. Los pozos se localizan dentro de la finca Aljóbar, situada en el término municipal de Aznalcázar, y están menoscabando la sobreexplotada masa de agua subterránea de Doñana

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas en la Región de Murcia por sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente tras 54 inspecciones en explotaciones porcinas de Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Totana presuntamente relacionadas con extracciones ilegales de aguas subterráneas y vertidos irregulares, informa este cuerpo.

Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros, según han detallado desde el instituto armado en un comunicado, a tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía.

Desde 2018 el Gobierno central ha cerrado 1.129 captaciones piratas en el entorno del Parque Nacional y planea la clausura de al menos otras 420, procesos que se alargan gracias a una legislación garantista. Es difícil cerrar un pozo ilegal: puede transcurrir hasta una década desde que se denuncia hasta que se consigue hormigonar. Un tiempo que, en la mayoría de los casos, es rentable para el infractor, ya que durante estos años obtiene unos beneficios con sus cosechas que superan con creces la sanción que después se le impone.

Este miércoles se vota en el Parlamento andaluz la nueva ley para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana, algo que podría provocar un desastre medioambiental ya que "el consumo de agua del acuífero está muy por encima de la capacidad que tiene para ofrecer ese recurso del agua", describe Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, a Andrea Ropero en esta entrevista, donde también le explica las consecuencias negativas que tendría para la fauna y flora la aprobación de esta ley.

El riego ilegal se queda con el 5% de los recursos que se consumen al año del acuífero, una cifra superior a la que se evita con la regularización de 815 hectáreas que ha permitido clausurar 443 extracciones con permisos de aguas subterráneas.

Pedro Arrojo es profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Trabaja como Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, desde donde alerta sobre los riesgos de privatizar el agua potable. Afirma que "se estima que hay más de un millón de pozos ilegales [en España].""Se siguen haciendo pozos ilegales...en muchos casos para la modernización de regadíos apoyados por los gobiernos autónomos correspondientes.". También habla de otros aspectos de los recursos hídricos

Los robos de agua amenazan con poner aún más en peligro este preciado recurso natural en España, en acelerado proceso de desertificación y el país de Europa que sufre una mayor sobreexplotación de sus acuíferos, según un amplio estudio de la World Wildlife Fund (WWF). En el Día Mundial de los Humedales, una macrooperación del Seprona, el servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así lo atestigua: 133 personas detenidas y 1.533 pozos ilegales detectados.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'MIZU', ha procedido a la detención e investigación de 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua, según ha informado el cuerpo.

El vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, exparlamentario andaluz y exalcalde de Ayamonte, protagoniza un vídeo en el que jalea a los agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales.

Israel suscitó la condena internacional después de que el ministro de Finanzas anunciara planes para reconocer legalmente cinco asentamientos judíos no autorizados en la ocupada Ribera Occidental. El portavoz del ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo que el gobierno israelí acordó en un gabinete de última hora reconocer cinco asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada que fueron construidos ilegalmente y que Smotrich liberará fondos fiscales al Gobierno Autónomo Palestino que Israel recauda en su nombre.

La Policía Nacional ha detenido hoy al empresario austriaco Christian Arnsteiner, propietario del Medusa Beach Club, local de s'Arenal en el que murieron cuatro personas y otras 16 resultaron heridas el pasado 23 de mayo al derrumbarse la terraza, que según la investigación se utilizaba de forma ilegal y había sido sometida a reformas irregulares. Está acusado al menos de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Relacionada: www.meneame.net/story/derrumbe-restaurante-platja-palma-provoca-menos-

La Inspección de la Junta y la Guardia Civil impiden el desarrollo de más de un centenar de parcelas de 500 metros cada una. El rápido proceso de urbanización ilegal de esta zona, atractiva por su proximidad al núcleo urbano, ha sido frenada gracias a esta operación.La superficie de seis hectáreas, donde se realizaron movimientos de tierra, desbroce de la vegetación, soterramiento de un arroyo, apertura de caminos, eliminación de una hectárea de superficie forestal y la construcción de muros de bloques, con 70 construcciones iniciadas.

La Comisión Europea no tiene duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la autopista AP-9 y con ello extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el año 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.

El magistrado que ahora investiga a Begoña Gómez habló con el antiguo regidor y le solicitó que le dejara realizar las obras "ilegales" porque "había hecho mucho por el pueblo"

Unas 600 viviendas de uso turístico (VUTs) tendrán que echar el cierre en Santiago tras la decisión del ayuntamiento de no legalizarlas. Eso o volver al mercado residencial. La ordenanza que establecerá la relación entre el alquiler vacacional y la vivienda habitual deja sin posibilidad de encaje a todos los negocios que venían funcionando sin la preceptiva habilitación municipal, pero que confiaban ahora en una regularización que, según el gobierno local, debían haber tramitado en su momento oportuno. “Nos eliminan del mapa”, se lamenta la pre

El Ayuntamiento de Barcelona está redoblando su presión sobre Booking para que deje de colgar tantos anuncios de alojamientos turísticos ilegales orquestados por mafias.Hablamos entre otras de las bandas de los rusos y también de los suecos con origen chileno que con una documentación muy convincente se hacen pasar por expats para engañar a los propietarios, alquilar sus inmuebles y convertirlos en pensiones clandestinas muy cucas.Además, últimamente muchos propietarios denuncian las dificultades de Booking a la hora de retirar los anuncios.

La Secretaría de Pesca de la Nación le aplicó una multa ínfima a los armadores del buque Tai An, que fue detectado pescando 175 toneladas de merluza negra en los mares del sur de nuestra Zona Económica Exclusiva, pero actuó la justicia y allí no hubo ni miramientos ni gestiones políticas que morigeraran la decisión. La justicia fue dura.

Una empleada estuvo décadas trabajando en la fábrica de Balaídos encadenando subcontrata tras subcontrata. Meses después de que pidiese que Stellantis la contratase directamente, fue despedida. Según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del TXSG a la que ha tenido acceso esta redacción, los jueces ven probado, que la trabajadora recurrente llevaba trabajando en la fábrica de Stellantis en Balaídos desde 2004, es decir, 20 años. Eso sí, nunca había sido trabajadora de la multinacional del automóvil.

El problema de los descartes ilegales de atún en el mar balear no cesa. La Fundación Marilles ha advertido, una vez más, de que existen barcos atuneros que arrojan al mar las capturas que mueren durante sus operaciones para que no se les compute en la cuota de pesca que tienen asignada cada una de las embarcaciones. «No queremos un cementerio de atunes en nuestras aguas. Es evidente que algo huele mal en el negocio de las granjas de engorde de atún»

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, se paralizó en el pasado no pocos meses.

La empresa de la Casa de Alba investigada en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por extraer agua sin autorización en una finca del entorno de Doñana está tratando de legalizar la situación de los ocho pozos que utilizaba para regar naranjos y que carecían del permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ecologistas en Acción pide a la Conf. Hidr. del Guadalquivir que paralice el expediente con la solicitud de la empresa hasta que no se resuelva la querella de la Fiscalía por extracción ilegal de agua en la finca Aljóbar.

La Junta de Castilla y León, cuyos dirigentes se han mostrado públicamente en contra de la protección del lobo, está obligada por imperativo legal a asumirla, lo que incluye proporcionar información ambiental al respecto y la protección efectiva del cánido “presentando la correspondiente denuncia en Fiscalía cuando tenga los informes de necropsias de lobos que presenten indicios de muerte por causas ilegales (caza, venenos, lazos, capturas de ejemplares, etcétas)”.