En Chile, un grupo de 7 diputados encabezado por Jorge Sabag, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó una iniciativa que buscaba modificar el Código Penal del país "para perfeccionar la protección de la dignidad de las autoridades". Las penas para los responsables -si las autoridades lograban dar con ellos- eran la reclusión menor en grado medio y una multa de entre 11 y 15 unidades tributarias. La medida pretendía proteger desde jueces y fiscales hasta la Presidenta de la República, incluyendo a ministros de Estado, senadores...