La reforma de Ayuso en materia de ley del suelo abre la puerta a destinar zonas para la construcción de vivienda que inicialmente no estaban reservadas para esos fines, en detrimento de equipamientos sociales o áreas verdes. En materia ambiental, busca excluir del requisito de evaluación de impacto a gasolineras, crematorios y campos de golf.