La Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha ampliado su querella contra todo el Consejo General del Poder Judicial denunciando que la jueza de la Audiencia Nacional que arrebató las competencias al TSJC para procesar y enviar a prisión a los políticos catalanes independentistas fue después nombrada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por delante de muchos otros candidatos mejor preparados, por afinidad con ideológica con el PP y a pesar de su incorrecta emisión de euro-órdenes luego retiradas.

Los comienzos son más bajos: en 2024, el sueldo base para los jueces que inician su carrera es de 20.878,44 euros brutos anuales.Un magistrado del Tribunal Supremo con más experiencia puede ganar más de 4.000 euros mensuales. Las retribuciones de los miembros del Poder Judicial serán las siguientes. Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo: Total anual: 151.186,20 Vocal del Consejo General del Poder Judicial: Total anual: 130.390,40 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: Total anual: 127.384,60

Se trata de la misma magistrada que en mayo de 2022 decidió inadmitir la denuncia que un abogado presentó contra Pablo Casado y Teodoro García Egea, precisamente, por un asunto relacionado con Isabel Díaz Ayuso: por revelar que su hermano Tomás había cobrado comisiones por intervenir en la compraventa de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa de un amigo de la familia.

No existen precedentes en la historia de los juicios con jurado celebrados en Ourense en los que un magistrado haya manifestado un criterio diferente al del tribunal popular. Los togados siempre han dictado sentencia tomando en consideración las conclusiones ciudadanas, pero por primera vez esto no ha sido así.

Un presunto testaferro del expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha citado a un magistrado del Tribunal Constitucional como testigo, en el juicio por el caso Erial. Un juicio en el que el exministro de Trabajo se enfrenta a diecinueve años de prisión por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Sus dos supuestos testaferros afrontan una pena de ocho años de cárcel.

El Tribunal Supremo inaugura este 2024 con una nueva vacante entre sus magistrados tras oficializarse la marcha de Juan María Díaz Fraile, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido la excedencia voluntaria. Con su salida se materializan los temores expresados en septiembre por el presidente del Alto Tribunal: más del 30% de la plantilla del órgano está pendiente de renovación. El tribunal acumula 24 asientos vacíos a la espera de un nuevo CGPJ que designe a magistrados que los ocupen.

Este movimiento tiene lugar justo después de que ayer en el Congreso la diputada de Junts Miriam Nogueras llamara «indecentes» al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena, “personajes indecentes” que “en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”, y añadió que eran “cómplices de la politización de la policía y de la justicia española”.

La asociación UP2U Project, presidida por la magistrada Reyes Martel está desarrollando un proyecto piloto denominado "Generacciones" donde enseñan un oficio a jóvenes en riesgo de exclusión social que cumplen medidas judiciales. El proyecto ha empezado encargándose de la rehabilitación de viviendas, pertenecientes a personas mayores con pensiones bajas que viven en hogares insalubres o con problemas estructurales. Los cueños de la vivienda están tan agradecidos que incluso han ofrecido alojamiento a uno de los jóvenes hasta que se emancipe.

La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado después de que no se haya presentado a la citación y encarcela preventivamente a tres de sus colaboradores por la difusión constante de bulos sobe jueces, fiscales y políticos

El magistrado de la Audiencia de Girona Daniel Varona rechaza, en un voto particular, la reducción de penas con el nuevo Código Penal porque la “voluntad” del Congreso y el Gobierno no era castigar con menos dureza los delitos sexuales.

Esa comisión rogatoria permaneció oculta -sin proveer a las partes- según dijeron fuentes judiciales a EL PERIÓDICO, en el despacho de Lamela durante dos años. Esas mismas fuentes apuntan a una funcionaria que ejercía de “jefecilla” en el juzgado central de instrucción número 3 que actuaba por encima de la secretaria del mismo. La defensa de Sandro Rosell solicitó hasta tres veces a la magistrada Lamela una copia de la comisión rogatoria procedente de EEUU. Pero los funcionarios del juzgado y la propia magistrada contestaron que los documentos