Un empresario simula que se jubila para despedir a un empleado y meses después vuelve a darse de alta como autónomo desarrollando la misma actividad comercial. El despido ha sido finalmente declarado como improcedente.

El PSOE lleva mañana al Hemiciclo una Proposición de Ley para que los empleados públicos que trabajan en las prisiones tengan el principio de veracidad y puedan tener una compensación si son agredidos. En 2023 hubo 508 agresiones, un aumento del 127% en cinco años.

En primera instancia la sentencia reconoció que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados con un «ambiente laboral hostil» del que hasta los clientes eran conocedores y condenando a la empresa a pagar una indemnización de 105.000 euros. El trabajador recurrió el fallo, dándole de nuevo la razón el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que eleva la indemnización a 247.000 euros: mantiene los 55.000 por daños morales y consigna en 197.000 la indemnización por despido improcedente.

La Audiencia Nacional ha reconocido a un tinerfeño el derecho a recibir 13.000 euros por parte del Estado como indemnización por haber permanecido preso de forma preventiva desde el 19 de enero de 2018 al 23 de abril de 2019 acusado por su prima de violarla y quedar finalmente absuelto.La Fiscalía llegó a pedir 10 años por la agresión sexual y 1 más por el de lesiones. En principio el hombre pedía 138.000, lo que fue rechazado por el Ministerio de Justicia por lo que acudió a los tribunales que ahora le reconocen el derecho a ser indemnizado

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, ha condenado al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones de euros en concepto de compensaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos ubicados en Serra Gelada al ser declarado Parque Natural en 2005. A esta cantidad, se le han de sumar además 50 millones en concepto de intereses. La sentencia condena al Ayuntamiento por incumplir los convenios urbanísticos con los que se comprometió a compensar a los dueños con suelo en otras zonas del municipio.

Tomás Pérez, un ciudadano estadounidense recibirá 900.000 euros de indemnización por haber sido torturado psicológicamente durante 17 horas por parte de agentes de la policía. Le obligaron a decir que había asesinado a su padre, que se encontraba desaparecido. El hombre realmente estaba vivo y apareció ese mismo día.

Ciberdelincuentes podrían haber accedido a una base de datos con más de dos millones de registros, entre los que se encuentran nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono

La sanidad pública andaluza tendrá que indemnizar a la paciente con 112.500 euros por una "demora en el diagnóstico" al no haber sido "adecuadamente atendida su dolencia" por parte del hospital Valme

El trabajador recibió comunicaciones a su correo personal y a su Whatsapp. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a un trabajador que demandó a su empresa por enviarle correos electrónicos fuera de su horario laboral, así como por haber vulnerado la ley de protección al ceder sus datos personales. En su sentencia, la Sala de lo Social ha condenado a la empresa "a reconocer sus derechos a la desconexión digital y, por tanto, a que no realice comunicaciones fuera de su el horario laboral" del trabajador. También la

Grupo Santander ha sufrido un robo de datos de millones de clientes y trabajadores en España, Chile y Uruguay, también de exempleados. El banco ha comunicado este hecho a la CNMV y ha asegurado que implementó "de inmediato" medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes. Según comunica el banco, en la base de datos no hay información ni credenciales de acceso que permitan operar con el banco.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) abre la puerta a que los ciudadanos puedan exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los efectos adversos sufridos tras la vacuna del Covid-19. La sentencia, de este 3 de mayo, condena a la Administración (concretamente al Servicio Extremeño de Salud) a indemnizar con 40.000 euros a una mujer que sufrió trombosis y quedó con "secuelas y padecimientos" tras la inoculación de la vacuna de Janssen.

Alex Jones quiere vender su rancho Staples, Texas, por 2,8 millones de dólares para ayudar a cubrir los costos legales de su bancarrota mientras trabaja para resolver litigios con las familias de las víctimas de tiroteos de la Escuela Primaria Sandy Hook.

Una encuesta de este año por UA Zensen, sindicato principalmente de servicios y venta minorista, reveló que el 47% de 33.000 encuestados fue víctima de acoso por clientes en los últimos 2 años. Muchos clientes abusaron verbalmente de ellos, los intimidaron, difamaron en internet o plantearon quejas irracionales. Incluso algunos exigieron que se arrodillaran en el suelo y se inclinaran para pedir perdón. Para poner fin a los abusos, el Ministerio de Trabajo revisará una ley para exigir a empresas que protejan a su personal de los malos clientes.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el pago de una indemnización a una vecina del área de Muros que sufrió un accidente laboral. La afectada reclamaba 6.593 euros por gastos médicos derivados de esguinces en una rodilla y un tobillo. El motivo por el que el alto tribunal gallego denegó su petición tuvo que ver con que la mujer acudió a la sanidad privada para tratar las secuelas del percance.

La Secretaría de Estado de Energía aceptó el abono de más de 100 millones de euros por la financiación de las comercializadoras de Iberdrola en el mercado regulado, pero se negó a abonar la parte correspondiente al mercado libre en base a un informe de la CNMC que concluía que implícita o explícitamente el coste se repercutía en el consumidor y que indemnizar a las eléctricas "implicaría un enriquecimiento injusto". Los magistrados sin embargo reconoce el derecho de Iberdrola a indemnización 183,4 millones € más de 17 millones de euros...

La ley es bastante clara al respecto. En concreto, el Artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que tienen derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, fuesen absueltos por inexistencia del hecho imputado. entre 1990 y 2010 solo se indemnizaba a quienes demostraban su inocencia; entre 2010 y 2019 a quienes habían sido acusados de un delito inexistente y de 2019 en adelante a todos los presos preventivos absueltos.