La Audiencia ratifica la condena a UGT Asturias, varios de sus extrabajadores y parte de su antigua cúpula por el caso de los cursos de formación y mantiene que se ha probado la actuación fraudulenta del sindicato y de la Fundación avalando la sentencia contra los acusados,entre ellos,Justo Rodríguez Braga, ex secretario general a penas entre 18 meses y los 3 años. Además,castiga al sindicato con una multa y la pérdida de subvenciones o ayudas durante 4 años. En conjunto deben pagar multas que superan los 3,6 millones e indemnizar al Principado

Algunas empresas siguen contratando servicios de 'consultoría' gratis sobre protección de datos en un paquete con cursos con cargo a los créditos de formación de los trabajadores (Fundae). Una original campaña de la APEP trata de concienciar a los empresarios para que eviten ese tipo de fraudes, que vienen siendo denunciados desde hace más de una década.

También solicita para el exsecretario general del sindicato 2,3 millones de euros en multas | Pide las mismas penas para los exsecretarios de Administración y Formación.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación. El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.

El Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno del Principado que entregue, a la comisión de investigación en la Junta General, la misma información que envió a la Fiscalía sobre los cursos de formación de UGT y su presunto fraude, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 1,35 millones de euros.

En Huelva, es archivada la pieza principal del fraude de la formación en Andalucía. El juez archiva el caso de los cursos de formación pese a ver indicios delictivos La retirada de las acusaciones (Fiscalía y Junta de Andalucía) obliga al instructor a sobreseer la causa. El magistrado se ha visto abocado a dar carpetazo a la causa -pese a que sí ve indicios de delito- por puro imperativo legal, después de que las dos acusaciones presentes en el procedimiento, la Junta de Andalucía (acusación particular) y la Fiscalía (acusación pública), sol

Una cosa es estar en paro y otra que me hagan perder el tiempo. No sé cuántos alumnos estarán ahora pensando que emplean bien su tiempo. No sé cuánto cobra por alumno la empresa que el SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) ha contratado para gestionar los cursos de inglés on line. Sí sé que es una patata de servicio que seguramente nos cuesta mucho dinero y que nadie se ha molestado en hacer una auditoría del contenido.

La junta lleva un retraso en los abonos a los alumnos de hasta seis largos años, la situación incluso ha generado la creación de una Plataforma Afectados Retrasos Ayudas FPE Andalucía, ni siquiera se recibe una notificación, siendo el supuesto plazo de resolución de tres meses.

Un matrimonio organizó presuntamente una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta para programas de formación por valor de cinco millones. La juez del Juzgado de Instrucción N.3 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra nueve personas -entre las que están el empresario de la entidad Formación Integral Para el Empleo y su mujer- por presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil, tras organizar una trama que logró la concesión d subvenciones d l Junta de Andalucía

Dirigentes del sindicato podrían haber usado las subvenciones para pagar complementos y desviaron subvenciones a la formación. El fraude podría llegar a los 3,2 millones de euros

La anterior directiva del sindicato, encabezada por Antònia Gil, pudo haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones para formación durante seis años. La policía sospecha que parte de ese dinero se utilizó para pagar sueldos y obtener beneficios a través de contratos de alquiler simulados.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén acaba de archivar esta segunda causa contra Irene Sabalete y otros catorce funcionarios de la Delegación de Empleo interrogados por Alaya en el fraude de la formación en Andalucia

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de que se pudo cometer fraude por la patronal (Creex) y los sindicatos UGT y CC OO en el desarrollo de cursos de formación de la convocatoria de 2011. En una nota hecha pública ayer afirma que las presuntas irregularidades, que ahora deben ser investigadas por un juzgado de Badajoz, alcanzan 2,4 millones de euros.

La exdirectora general de Empleo de la Comunidad de Madrid despidió de forma fulminante al funcionario 48 horas después de denunciar la estafa de los cursos en la comisaríaLa juez que investiga el caso Aneri apunta al anterior Gobierno de Ignacio González por intentar obstaculizar la investigación

La Fiscalía Anticorrupción denuncia a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO tras detectar irregularidades en la justificación de los gastos que provienen de ayudas públicas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, ha declarado responsable civil subsidiaria del mismo a la Junta de Andalucía. El magistrado resuelve de esta manera la personación de la Junta en este procedimiento, después de que la Administración pidiera personarse en la causa y se haya admitido esta personación en calidad de responsable civil subsidiaria.

“Somos los mismos.” La frase la pronunció el empresario Fernando Fernández Tapias en 2002 durante su discurso de investidura como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Los asistentes, muchos de ellos empleados de la institución, captaron el mensaje. El nuevo jefe era también el presidente de la patronal madrileña CEIM y lo que estaba diciendo realmente era que los empresarios habían ganado la última batalla por hacerse con el control de la cámara y sus ingentes recursos económicos, más de 60 millones de euros en algunos años.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este martes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación relacionada con varios delitos de corrupción y presunto fraude en cursos de formación. Estas mismas fuentes han precisado que se prevén detenciones en el marco de este operativo, que no guarda relación con la investigación que se sigue en Andalucía.

agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional siguen adelante con la llamada operación ‘Edu Centro’ en Córdoba, que investiga el fraude cometido a través de cursos de formación subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Según ha podido saber este periódico, en los últimos días agentes de la UDEF detuvieron en la provincia de Córdoba a otras tres personas. Dos de ellas, responsables de la Fundación Zalima, vinculada al ‘Opus Dei’.

Los delitos destapados por la UDEF van desde el cohecho hasta la malversación de caudales públicos pasando por el tráfico de influencias, la estafa, la falsedad documental o el fraude de subvenciones. El fraude de los cursos en Andalucía ha conllevado la detención de cientos de personas desde que hace exactamente un año la Policía comenzó la denominada operación Edu, que ha destapado un agujero de 3.000 millones de euros en la concesión de ayudas a la formación que inicialmente deberían haber servido para fomentar el empleo.

La juez de Sevilla Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos a los 16 detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil... La Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de más de seis millones de euros...

El Gobierno de Extremadura ha destapado un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la Creex, CCOO, UGT y Cepes, y que "podría alcanzar solo en la convocatoria de 2011 más de 3 millones de euros".

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene previsto detener a entre 70 y 90 políticos y empresarios en una nueva fase de la 'Operación Edu'. Los arrestos se van a llevar a cabo en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería. Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que ya se han producido 16.

La juez Mercedes Alaya ha declarado el secreto parcial de la causa en la que investiga el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le han llevado a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

En un nuevo giro en el caso federal de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump, el abogado especial Jack Smith ha presentado un documento misterioso, oculto tanto al público como a los abogados de Trump. La presentación se hizo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde la jueza Tanya Chutkan supervisa el caso. Una notificación judicial del miércoles muestra que Smith presentó un documento titulado "Government's Classified, Ex Parte, In Camera, and Under Seal Notice Regarding C.”

La jueza María Inmaculada Iglesias rechaza que la causa por delito fiscal que instruye contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos fiscales, acabe complicándose y derivando en una investigación más compleja por posible corrupción en los negocios, administración desleal y delito contable.

"Es una locura que mis encuestas suban. Quien oyera que te acusan de interferir en unas elecciones presidenciales, en las que tienes todo el derecho a hacerlo, te acusan y tus números en las encuestas suben. Cuando la gente es acusada tus números de tirada bajan", dijo Trump en una entrevista en el programa "Life, Liberty and Levin" de Fox News. Trump también dijo que la fiscal del condado de Fulton, Ga. El fiscal de distrito Fani Willis "ideó este loco plan y mucha gente resultó herida", en referencia a los coacusados acusados junto a él

Los cheques, tickets o tarjetas de restaurante o de guardería consisten en que las empresas le den al trabajador X euros mensuales en forma de esos tickets, para que se los gaste en comer en restaurantes o en dejar a los hijos en una guardería. El problema es cuando los llaman “beneficios sociales” para no llamarlos salario y no pagar su cotización a la Seguridad Social ni contarlos para calcular las indemnizaciones por despido. Pero en muchas ocasiones sí que son salario y la empresa le debe dinero a la SS.

Los trabajadores electorales de Georgia lanzan una oferta para embargar los bienes de Giuliani mientras intentan cobrar un veredicto de difamación de 148 millones de dólares Ruby Freeman y Shaye Moss quieren embargar bienes inmuebles, dinero en efectivo y joyas. También le demandaron ante un tribunal federal, alegando que trató de proteger la propiedad de Florida de sus acreedores declarándola falsamente como su residencia para poder darle el estatus de "homestead" según la ley de ese estado.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan ha fijado una audiencia para el 5 de septiembre para decidir cómo debe proceder el caso

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez Perza, ha defendido este jueves que la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI incluye "mecanismos legales para evitar el fraude" denunciado en el caso del hombre que se cambió de sexo tras agredir a su mujer. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla se ha inhibido en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado una rectificación de su inscripción registral para aplazar su entrada a prisión.

Un prominente grupo de defensa de los latinos pidió el lunes al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue al fiscal general de Texas, Ken Paxton, después de que su oficina lanzara una serie de redadas que, según el grupo, se llevaron a cabo en los domicilios de activistas y líderes demócratas la semana pasada por acusaciones vinculadas al fraude electoral.

Una de las tentaciones que pueden tener aquellos padres que quieren donar una propiedad inmobiliaria a sus hijos evitando la tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la de “venderle” la propiedad por un precio simbólico. Hacienda ha puesto su punto de mira en esas operaciones y puede imponer sanciones de hasta 100.000 euros por vender una propiedad por un precio demasiado bajo.

La acusación de 36 páginas, asegurada el martes por el abogado especial, es un intento de recalibrar el caso tras la decisión de inmunidad del Tribunal Supremo. "La acusación sustitutiva, que se presentó ante un nuevo gran jurado que no había oído previamente pruebas en este caso, refleja los esfuerzos del Gobierno para respetar y aplicar las sentencias del Tribunal Supremo y las instrucciones de devolución", escribió el equipo de Smith en una presentación judicial adjunta.

Desde que llegó la ley trans, han sido varios los maltratadores de violencia machista se han cambiado de sexo en el Registro Civil para figurar legalmente como mujeres en su documentación y tratar así eludir su ingreso en prisión. Publicidad Este goteo de casos lleva meses sucediéndose, según denuncian las expertas en violencia de género. Otra cuestión es cuánto tiempo conseguirán dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras desde el Poder Judicial y desde las Administraciones, ya que...

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunciaron tras la decisión de la justicia chavista que otorgó la victoria al dictador

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

El fraude electoral cometido en Venezuela no es una mera hipótesis, sino una evidencia demostrada. Un atentado brutal contra la democracia en su forma más elemental, cual es el respeto a las decisiones de la ciudadanía.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

Giuliani se enfrenta a docenas de acreedores y a una serie de pleitos de gran repercusión, entre ellos una demanda por acoso sexual de 10 millones de dólares y un caso de difamación de la máquina electoral de 1.300 millones de dólares. Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre del año pasado después de que un jurado concediera 148 millones de dólares a dos trabajadores electorales de Georgia que ganaron una demanda por difamación contra él. Como abogado de Donald Trump en 2020, Giuliani acusó falsamente a madre e hija Ruby Freeman y Shaye