En su recurso de reposición, el Partido Popular no solo insiste en que los pagos de altos cargos no eran donaciones finalistas sino el pago de una deuda a terceros, además arremete duramente contra el fiscal al que atribuye dudosas intenciones. Todo esto apenas dos meses después de que Mañueco asegurase que se iba a "colaborar" con la justicia en el caso de presunta financiación ilegal.

El documento, publicado en exclusiva por Público, se usará como prueba en la investigación por las primarias de los populares que llevaron al actual presidente de Castilla y León al liderazgo del partido en 2017 y encabezar la candidatura electoral para 2019.

El juez busca una explicación a los 24.000 euros sin justificar y a los 60.000 que se "donaron" en una semana al PP provincial en vísperas de las primarias que ganó Mañueco pero el presidente provincial y la representante del partido se niegan a declarar. A diez días del arranque oficial de la campaña electoral, el Partido Popular intenta enterrar el caso de la presunta financiación del PP de Salamanca, una de las tres grandes causas de corrupción que investigan los juzgados en la comunidad sobre políticos que están o han estado en altas esfera

La Fiscalía Anticorrupción da ya por agotada la investigación sobre la presunta caja b del PP de Madrid y preparará ahora su informe final sobre esta derivada del caso Púnica, bautizada como Pieza Separada 9. Según un escrito enviado la pasada semana a la Audiencia Nacional, el ministerio público no pedirá al juez instructor Manuel García-Castellón una nueva prórroga de las pesquisas —cuyo plazo expira el 29 de enero— y se centrará en la elaboración de sus conclusiones definitivas sobre la supuesta financiación irregular de los populares.

que el partido no tuvo nada que ver: "Fue algo altruista, entre amigos". No saben ni quién propuso aportar dinero para pagar cuotas de afiliados morosos, ni a cuánto ascendía la deuda, ni cuánto se recaudó en mano, en sobres y sin recibos de por medio. Sólo saben lo que ellos hicieron, pagar a escote, una decisión "entre amigos". El juez que instruye el caso de la presunta financiación del PP de Salamanca ha tomado nuevas declaraciones este martes a cargos públicos y de confianza del partido como el diputado nacional José Antonio Bermúd

La queja se suma a la lista de encontronazos en la última fase del caso Púnica, y que ha incluido críticas de la Fiscalía al juez por “obviar” algunos “indicios o elementos probatorios”. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personada como acusación popular, teme ahora que la decisión del magistrado de apartar estas nuevas facturas de la investigación sobre la financiación irregular del PP madrileño impida contar después con todo los elementos necesarios para “esclarecer los hechos” y enjuiciar a sus responsables. Todo ello..

La Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) fue creada para financiar de forma ilegal al PP de Esperanza Aguirre. Los principales donantes a Fundescam fueron las compañías Transportes de Cercanías (Gerardo Díaz Ferrán), Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, FELOP, Hotetur Club, Expacontra, Aerolíneas Bale

Comisión Financiación ilegal PP en el congreso.

En plena confrontación del Partido Popular con el Ibex, agravada por la decisión de Pablo Casado de romper la negociación sobre la renovación del Poder Judicial, empieza a descorrerse la cortina de Casado que oculta la utilización del Estado para destruir las pruebas de la financiación ilegal del PP

Guillermo Ortega, en prisión por el Caso Gürtel, ha asegurado que alcaldes como él le hacían entregas de dinero en metálico a Aguirre, quien llamaba a los donantes para agradecérselo personalmente. Ha asegurado también en su declaración que se produjo una reunión en Génova, sede del Partido Popular, en la que el extesorero Álvaro Lapuerta dio a Aguirre 60.000 euros mensuales de un constructor para financiar su campaña de 2007.

El Juzgado Número 2 de Salamanca acuerda la declaración de Agustín Gómez Vicente y César Gómez Barthe-Celada. Un juzgado de instrucción de Salamanca ha iniciado diligencias por posible financiación ilegal contra el PP de Castilla y León. El alto tribunal consideraba que debía seguirse adelante la investigación penal encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de un partido político y el Juzgado de Instrucción Número 2 ha decretado la reapertura de la causa.

En el Madrid oculto de las fábulas y las anécdotas, la del PP regional es una historia real. De liberalismo salvaje, de corrupción, de poder, de venganza, de ambición, de traición y de fascinación por el dinero. Unas veces para la financiación ilegal del partido y otras, para el enriquecimiento propio. Todo en medio de una guerra de familias, en la que durante años chapoteaban también empresarios, policías e incluso algunos periodistas sin que la dirección nacional del partido pusiera orden ante tanto desmán. Pues aún así, el PP sigue en el Gob

"Era una presidencia virtual la mía". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se desmarca así de la presunta utilización de Fundescam para pagar gastos al PP madrileño. En el audio de su declaración ante el juez de Púnica, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se escucha a la dirigente evadir cualquier responsabilidad sobre el presunto desvío de fondos al PP en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y en los comicios generales de 2008. Se desvincula se la gestión de Beltrán Gutiérrez. "De mí no recibía instrucciones", dice.

La SER accede al interrogatorio a la expresidenta regional del PP,quien eludió toda responsabilidad en la financiación ilegal de su partido en su declaración como imputada por ser la "ideóloga" de la caja B. Afirmó que "jamás despachó" con su gerente de siempre en el partido,Beltrán Gutiérrez,de quien dijo que rendía cuentas a la "dirección nacional" del PP. Dijo que estaba "mosca" porque los ingenieros y responsables del área en la comunidad construían "estaciones de metro que parecían aeropuertos y no teníamos un duro". Negó que el cese de Gr

El exconsejero Manuel Lamela admite que en el cónclave le pidieron que invitase a los concursos públicos a Over Marketing, la firma que supuestamente financió de forma ilegal las campañas de Aguirre, a cambio de adjudicaciones amañadas. En esa reunión, según ha admitido Lamela, le “pidieron”, sin especificar de forma expresa quién, que invitara a las empresas de Mercado a los distintos concursos de su consejería. Este empresario acabó logrando contratos públicos supuestamente amañados por 7,4 millones de distintas consejerías de Aguirre, a camb

El arquitecto Carlos Roques Mata, imputado en la pieza sobre Ciegsa del caso Taula, acabó trabajando en Perú en la construcción de los hospitales que ideó Sergio Blasco. Recorrió la puerta giratoria con la empresa BM3, de la que ha sido apoderado durante una década, y que obtuvo pingües beneficios por los sobrecostes en Ciegsa . El investigado, apodado "el viabilizador", asumía "todo aquello que sus subordinados no querían firmar", según declaró una testigo ante la UCO.

El expresidente de la Generalitat habría situado al frente de Ciegsa, la empresa de construcción de colegios, a personas afines como Máximo Caturla o el marido de la socia de su mujer en una farmacia de València. Los investigadores del caso Taula aseguran que la constitución de la empresa pública se realizó expresamente para desviar fondos al partido y comisiones para particulares..

La Fiscalía quiere que se investigue a Regino Moranchel después de que el exdirector de Operaciones le señalara en sede judicial como el ordenante de pagos al PP. El juez García Castellón cree que la tecnológica se convirtió "con la participación activa" de varios de sus directivos en una herramienta de desvío de fondos hacia el partido. El expresidente Javier Monzón negó este viernes ante el juez pagos en efectivo desde la compañía y se desvinculó de los contratos con la trama Púnica. Indra financió con 566,497,58 euros la campaña electoral..

La Guardia Civil ha informado al juzgado que investiga el conocido como caso Imelsa de que la empresa pública CIEGSA, utilizada por el anterior Consell del PP para la construcción de colegios, sirvió para la financiación ilegal del PP autonómico y provincial bajo las presidencias de Francisco Camps y Alfonso Rus.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, comienza este lunes a tomar declaración a 29 imputados dentro de la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño y la relativa al exconsejero Francisco Granados, entre ellas un hermano de éste y varios excargos de la Comunidad de Madrid.

La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000€.

Anticorrupción presenta un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pide la imputación de la expresidenta madrileña. La Fiscalía apoya su petición en varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular del PP.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha conseguido acreditar en un informe entregado al juez Garcia Castellón al que ha tenido acceso la Cadena SER que la empresa Indra financió de forma ilegal al Partido Popular por indicación de miembros del gobierno de Esperanza Aguire. Los agentes destacan especialmente el papel de Ignacio González y de Borja Sarasola. El estudio elaborado por la Guardia Civil a finales

Programa del PP para las elecciones catalanas 2012. Mirad los puntos 2 y 3.

Tampoco se puede ligar… por culpa del Gobierno socialcomunista. La senadora del PP, Carmen Riolobos Regadera, lo constata, porque se lo ha dicho una amiga, por el precio de la piña del Mercadona... Y piden consejo.

Ana Terradillos habla de la apertura del nuevo año judicial, y por lo que sea, nos habla de 3 casos que afectan al PSOE. Y por lo que sea, no se acuerda de las 28 causas pendientes del PP por corrupción, del noviete de Ayuso o de que la AN acaba de citar a M.Rajoy como testigo

El Partido Popular ha registrado su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el...

PSN, Bildu, Geroa Bai y Contigo hablan del silencio que tapó los casos y piden avanzar en la reparación

La sección cuarta de la Audiencia Nacional, en un auto emitido este miércoles del que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, ha admitido la práctica totalidad de declaraciones testificales propuestas por las acusaciones populares de PSOE y Podemos de cara al futuro juicio por la operación Kitchen.

La plana mayor del PP durante la etapa de Mariano Rajoy, incluido el entonces presidente del Gobierno, tendrá que comparecer como testigo en el juicio del caso Kitchen, en el que se juzgará la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar a su partido. La sección cuarta ha dictado un auto en el que admite la mayoría de testificales de dirigentes políticos solicitadas por las acusacio

magina que esta persona de aquí eres tu, el pais africano en el que has respawneado es una mierda, no hay curro, poco alimento y tu futuro está jodido. Asi que decides vender lo que tienes y pirarte e intentar llegar a Europa, en donde te han dicho que aquello es el paraíso. Despues de semanas de viajes llegas a las costas de Mauritania. Alli hablas con los pasadores, osea mafias que te ofrecen un hueco en uno de los cayucos para llevarte a las islas canarias españolas. El precio no es barato. 1.500€ por un sitio en una barcaza.

Encima de la mesa estaban los nombres de siete magistrados del Supremo. El de Perelló, aunque se barajó en un inicio, no llegó a ser incluido en la terna propuesta por los vocales de la izquierda judicial. Estos se decantaron por impulsar las candidaturas de las también magistradas del Supremo Pilar Teso, a la que los conservadores veían como una “emisaria” del ministro de Justicia, Félix Bolaños; y de Ana Ferrer, a la que atribuyen proximidad al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Los que se dedican a la política nunca saben dónde tienen a su peor enemigo, si en el partido rival o entre sus propios compañeros (Casado lo tiene grabado a fuego). El caso de Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, es harina de otro costal porque claramente su peor enemigo está en su propio traje. Este lunes, para comenzar el curso político, se ha metido un gol en propia meta durante una entrevista con Carlos Alsina. Está tan confuso que se hiere a sí mismo.

La startup de reconocimiento facial con sede en EE.UU., que creó una base de datos de 30 millones de imágenes obtenidas sin consentimiento mediante el rastreo Web en busca de selfies, ha recibido la mayor multa de privacidad hasta el momento en Europa (30,5M€). “Clearview AI no tiene sede en los Países Bajos ni en la UE, no tiene clientes en los Países Bajos ni en la UE y no lleva a cabo ninguna actividad que de otro modo la sujetaría al RGPD”, “Esta decisión es ilegal, carece del debido proceso y no es ejecutable” dijo Jack Mulcaire.