Según ha podido saber este periódico, el agente habría sido el responsable de diversos contratos de obra que se han ejecutado en los últimos años en la Comandancia de la Guardia Civil. Se investiga si ha podido amañar contratos menores para beneficiar a determinadas empresas relacionadas con él mismo.

Un juez investiga si empresarios de lo textil pagaron entradas para el Real Madrid, monterías o viajes a guardias civiles como contraprestación a cambio de manipular las contrataciones públicas. La Agencia Tributaria pone bajo sospecha que el teniente coronel Martín Altube: de 2009 a 2019 ingresó en efectivo en el cajero, con ingresos periódicos, la suma de 38.190 € de origen desconocido. Él y su mujer adquirieron su vivienda en 2011 en Pozuelo de Alarcón por valor de 524.722 € para lo que "no se constituyó ningún préstamo hipotecario"...

Según adelanta 'Cadena SER', ha presentado un escrito de confesión en el que aporta indicios de que Pons adjudicó un contrato ilícito a la trama corrupta y sostiene que medió para la obtención de otro.

Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a tirar del hilo en Torredembarra (Tarragona) por la denuncia de dos concejales, pero las pesquisas les llevaron hasta ayuntamientos de toda España donde, según sus averiguaciones, políticos y funcionarios se aliaban con los responsables de la empresa Efial Consultoría para adjudicarle contratos amañados. “Les estamos saqueando, ellos verán qué hacen”, llega a reconocer un delegado comercial de la compañía en una conversación telefónica intervenida.

Un informe de la Intervención General del Estado corrobora que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 2003 a la empresa donante en negro del PP, Constructora Hispánica, un contrato en Santoña a pesar del informe del interventor que advirtió de la manipulación de las puntuaciones del concurso y del incumplimiento de la ley por los sobrecostes.

La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas. En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque…

Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. La juez los envía a prision eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado. Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional.

Borges se había comprometido a comprar los pistachos a un precio cerrado, beneficioso para ambas partes. Sin embargo, el año pasado vendió toda su sección agrícola. Tras la transacción, la compañía se ha desentendido de los payeses, a quienes antaño asesoraba, y les ha comprado el producto a “un precio irrisorio”, a la vez que cobraba el procesamiento del fruto seco “muy por encima de las cuotas del mercado”. Presuntamente, el mal trato del grupo a los payeses buscaba que éstos rompieran su contrato y así no tener que pagar una indemnización.

Tenía tres días para abandonar el asilo a menos que realizara un pago de US$110.000. Se sorprendió debido a que firmó un contrato vitalicio para poder vivir en el hogar de ancianos. En su momento, realizó un pago de US$250.000 y, además, pagó un alquiler mensual de US$5.000. No obstante sus ahorros se agotaron, y la compañía que gestionaba el hogar se declaró en quiebra y vendió sus instalaciones a otra. Esta ahora le está exigiendo el pago si quiere permanecer en el lugar, a pesar de afirmar que respetarían los contratos anteriores.

Elbit Systems, la principal proveedora israelí del Ministerio que dirige Margarita Robles, se jacta en un documento de haber incrementado notoriamente sus ingresos gracias a la masacre. Sus negocios en España también aumentan.

El anuncio ha sido criticado por el Partido Popular, alegando que puede causar un “efecto llamada”, pero ya se aplica desde hace años en otros países como Marruecos, Honduras, Ecuador o Uruguay. También se ha impulsado en los gobiernos del PP, especialmente en el caso de las temporeras marroquíes que vienen a España para la temporada de la fresa

Según denuncia Compromís, el concejal de Empleo, Juanma Badenas, pidió presupuestos a tres consultoras de Madrid dirigidas por economistas ultraliberales, que suscribieron una carta contra las políticas del gobierno de España

La asociación ultracatólica Hazte Oír amplió a principio de agosto su querella contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno para que se investiguen estos contratos.

Rueda ha adjudicado en apenas dos años más de 17,3 millones de euros a la empresa de la que ejerce como directiva la hermana pequeña del presidente del principal partido de la oposición. La desorbitada cantidad se ha canalizado a través de 175 contratos suscritos entre mayo de 2022 y junio de 2024 y se suman a los más de 37 millones que la empresa recibió durante los años en los que Feijóo capitaneó la Xunta.

Según pudo saber la Guardia Civil, éstos contrataban a personas para la limpieza, en muchos casos extranjeras en situación irregular en España, a las que prometían el alta en la Seguridad Social, pero sin llegar a efectuarla.

Asociaciones de profesionales y usuarios, partidos y sindicatos exigen la creación de una Comisión de Investigación y la convocatoria de la mesa sectorial para analizar la situación de extrema gravedad generada en el Servicio Murciano de Salud.

El organismo fiscalizador señala en un informe que "se pone de manifiesto una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación" en el 33% de los contratos.

Los juristas creen que caben dos posibilidades: que la cosa concluya con una sanción administrativa, o que las irregularidades detectadas acaben por ser calificadas como delitos de falsedad en documento y prevaricación

Educación ha trasladado a Fiscalía el caso de la Escuela de Arte de Alcalá, desvelado por elDiario.es. La obra costó 1,2 millones, se encargó a dedo y se simularon contratos menores, el mismo sistema que el caso de Ciudad Escolar.

La operación se produce tras el posible amaño de una oposición municipal para auxiliar administrativo. En concreto, dos agentes del cuerpo municipal de la policía, de uniforme y de servicio, se personaron en la casa consistorial y forzaron con una palanca la puerta del departamento de informática. Una vez dentro del consistorio, los agentes requisaron diferentes ordenadores.

El precio total de los contratos aumenta en 23 millones, hasta los 84.548.765 euros, porque incluirá "mejoras" en las condiciones laborales, horarios y salarios. Como existe la posibilidad de prorrogarlos durante un año, el valor estimado puede ascender a casi 135 millones.

La directora del Instituto de las Mujeres en la presente legislatura, Isabel García, y su esposa, Elisabeth García, están siendo cuestionadas por haber obtenido presuntamente 64 contratos públicos adjudicados a dos empresas que ambas comparten por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE para la organización de Puntos Violeta, lugares seguros para víctimas de violencia machista en espacios abiertos, comercios, empresas u organismos públicos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide “explicaciones” a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por los contratos adjudicados por diversas administraciones a la sociedad que comparte con su pareja. La directora y su pareja han obtenido durante dos años encargos para gestionar puntos violetas y otras actividades relacionadas con la igualdad de las mujeres por valor de 250.000. 64 de ellas fueron adjudicaciones directas, insiste el medio.

Isabel García y la exasesora del PSOE en el Senado Elisabeth García han facturado al menos 250.000 € en dos años a través de contratos adjudicados a dedo. En marzo y mayo de este año lograron 23.000 euros en San Fernando de Henares amañando dos concursos al presentar tres ofertas de empresas vinculadas a ellas. Isabel García, tras vender la mayoría de sus acciones a su mujer: "Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer".

Carlos Barrabés, empresario cercano a la esposa del presidente del Gobierno y consejero de Banco Santander, ha declarado hoy, reconociendo que se reunió con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa. Lo cuál, resulta poco ético. En cualquier otro país, esto sería causa de dimisión inmediata, sin cartitas a la ciudadanía ni montajes de marketing político o victimismo de galán de culebrón. La empresa Innova Next del empresario Carlos Barrabés, ha sido la más beneficiada con un total de 28 contratos por 22.857.805,49 euros.