Ambulancias Civera, actual adjudicataria del transporte sanitario para los pacientes del área de Pontevedra y O Salnés, seguirá realizando este servicio después de que este lunes 20 de mayo se cerrase el plazo sin que se presentasen ofertas en el nuevo concurso para otorgar esta concesión.

Tres de estos trabajadores han lanzado "un llamamiento a las autoridades competentes". Les han despedido por pedir que les paguen, al igual que a otros tres obreros: David, Florin y Enrico: "Nos ha dicho que no nos va a pagar nada, que nos vayamos", ha denunciado uno de ellos. "Nos echó de la obra y nos quitó el alojamiento del hotel", "Llegamos a casa después de las 19:00 o 20:00 de la noche, levantados desde las 05:00 de la mañana", ha contado el mismo trabajador. Además, aseguran que descansan solo los domingos y hacen dos horas de trayecto.

Dos empresas que han sido condenadas por montar un cártel en la industria de defensa para repartirse millones de euros en contratos públicos han creado en el último año una sociedad pantalla en común para seguir optando y ganando licitaciones. Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

Emilio Delgado: El traspaso del dinero público hacia los bolsillos cercanos al Partido Popular y el deterioro de los servicios públicos son dos caras de una misma moneda.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre acusado de vender contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno. Este falso empleador facilitó al menos 25 contratos fraudulentos en un breve periodo de tiempo, aprovechando la desesperación de quienes buscaban regularizar su situación en España. Las indagaciones de los agentes del grupo UCRIF revelaron que el detenido se presentaba como empleador de una supuesta empresa de reparto de mercancías.

La Diputación de Badajoz, presidida por el PSOE, tiene a sueldo como «alto cargo» al músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Debate publica hoy en exclusiva su contrato, que estipula que tiene que llevar a cabo su labor de manera presencial y también que cuenta con un extra salarial que hace que se triplique la cantidad que percibe mensualmente. Como publicó este periódico la semana pasada, una juez extremeña ha abierto diligencias contra él por malversación

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.

La Fundación porCausa ha recuperado testimonios que aseguran que la policía española entra en las cárceles de migrantes, y hasta recibe listas que le dan los mauritanos con los nombres de gente que abandonan en la frontera con Mali.

La contrata adjudicataria de las obras de remodelación de Pablo Iglesias mantiene la previsión de finalizar hoy los últimos remates pendientes de la acera entre General Suárez Valdés y Usandizaga. Será con siete días de retraso respecto a la última prórroga concedida, con lo que si no se producen nuevas demoras las empresas adjudicatarias –Sardesa y Arposa– deberán abonar una multa acumulada de 4.305 euros.

Los sueños tremendamente ambiciosos con tintes de ciencia ficción que han animado el proyecto parecen estar muriendo mientras son reemplazados por planes más realistas.

Grupo Control gana la batalla por reequilibrio económico en contratos públicos ante el aumento de los costes laborales. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente inflación, la empresa se enfrentó a un aumento considerable en sus costes laborales, lo que puso en tela de juicio la viabilidad de sus contratos existentes. Sin embargo, los tribunales y la Junta han respaldado sus reclamaciones, reconociendo la necesidad de actualizar los precios de los contratos para compensar los impactos imprevistos de los cambios en las cond