El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, ha negado categóricamente que la Junta de Andalucía haya legalizado balsas de riego, viviendas agrícolas y otras instalaciones agrarias en el municipio onubense de Lucena del Puerto. Burgos ha señalado que el informe emitido por la delegación se limita a reconocer parcelas forestales como agrícolas, una vez que se ha certificado que se destinan al cultivo agrícola desde antes de la Ley Forestal de 1992

La balsa de lodos rojos procedentes de Alcoa tuvo su primer plan de evacuación en 2010, veinte años después de iniciada la actividad industrial de la entonces Alúmina-Aluminio. En ese momento Xunta de Galicia y la propia Alcoa tomaban la iniciativa justo el mismo año en el que en Hungría había sufrido un desastre ecológico tras la rotura de un depósito similar. maps.app.goo.gl/YMpRcoMnxB2YHyJo7

Fuentes del Gobierno regional confirman la recepción del documento del grupo ecologista a principios del pasado mes de febrero. El día 15 de ese mismo mes, señalan, "la Jefatura Territorial de Lugo realizó una inspección de las instalaciones, sin que se firmara ninguna incidencia relativa a las cuestiones señaladas" en la denuncia. No obstante, "el escrito fue remitido al promotor para que aporte los correspondientes justificantes, que serán analizados a los efectos oportunos", explica la Xunta.

Aproximadamente 35 toneladas de fresas y frutos rojos cultivados ilegalmente y regados con agua robada podrían estar saliendo hacia los mercados españoles y europeos ante la inacción de las administraciones. Esta grave situación se produce mientras el acuífero de Doñana se encuentra en una situación crítica. Pide a la Junta de Andalucía que cierre todas las hectáreas ilegales que son de su competencia. Además reclama al MITECO que multiplique sus esfuerzos para la clausura de todos los pozos ilegales que son de su competencia

Por no perder fondos europeos. Es la razón del Gobierno para eximir de evaluación de impacto ambiental (EIA) a modernizaciones de regadíos de más de 100 hectáreas (las obligadas por ley). El Ministerio de Agricultura, en declaraciones a lamarea.com, rechaza que sea una exención, sino una “evaluación ambiental alternativa”. En 2024 ya se aplicó esta rebaja a 18 obras (1 de casi 7.000 ha, varias de 4.000). Se ampara en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que estipula "supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado”.

Según WWF, con la modificación de esta norma, "los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que, a día de hoy, están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal. La ministra, preocupada, hablará con Juanma Moreno. Paralelamente, se retrasa el acuerdo entre ayuntamientos para repartirse 70 millones en inversiones.

Considera que el Gobierno andaluz busca regularizar por la puerta de atrás de terrenos que deben ser forestales, utilizando la Ley de Simplificación Administrativa que se aborda esta semana en el Parlamento.

El acuerdo, que tiene puntos positivos a valorar porque el bien mayor es la protección del Parque Natural, no puede convertirse en un premio a los culpables El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que, a cambio de 1.400 millones para medidas de desarrollo socioeconómico y obras hidráulicas en la provincia de Huelva y en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), PP y Vox se comprometen a retirar la ley de regadíos que iba a regularizar pozos ilegales que llevan años regando cultivos de frutos rojos

Sorpresa en el Parlamento andaluz. El PP da un frenazo con Doñana. La proposición de ley, que amplía las hectáreas de regadío en el entorno del Parque Natural y que ayer salió de la comisión para ser aprobada por PP y Vox en el próximo pleno, finalmente se retrasará. El calendario anunciado por el PP situaba la aprobación en el próximo pleno, coincidiendo con la investidura de Feijóo en el Congreso pero echan el freno asegurando que quieren “transparencia” y no solapar ambos debates