La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima, gestionó el año pasado 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes, la mayoría en régimen de alquiler. La morosidad de algunos inquilinos es un problema que viene de largo. Así consta en el informe de actividad de la AVS del ejercicio 2023, el documento recoge que los deudores presupuestarios deben 124 millones de euros, de los que un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferente naturaleza y el 95,5% restante, 118,5 millones, derivan de impagos.