Abogacía del Estado presentó un informe infame pasa salvar a los bancos y perjudicar a los consumidores con el tema del IRPH. Con la ley en la mano, Juan Moreno demuestra la mentira del informe. Tirando de archivo, amenaza con presentar pruebas al TJUE si no retiran el informe. Relacionado menea.me/28kfl

La Abogacía del Estado se está convirtiendo en una parte más de los departamentos jurídicos (internos y externos) de las entidades bancarias. Si, además, el banco que está inmerso en un proceso judicial ante los tribunales europeos es el Santander, entonces, la Abogacía del Estado echa toda la carne en el asador para evitar que la entidad presidida por Ana Patricia Botín pueda sufrir el peso de la Justicia. Esto no es una interpretación, es un hecho. En el Caso Banco Popular, los abogados que representan al Estado español (...)

La ministra, que le llamó maltratador a sabiendas de que no hay ni una sola condena contra él, no tendrá que gastarse ni un euro en abogados.

El Tribunal de Cuentas ha informado de que una vez finalizado el plazo para personarse en la causa donde se enjuiciará el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O, las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña --conocido como Diplocat--, la Abogacía del Estado finalmente no se persona.

El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirla garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la “administración autonómica perjudicada”

"Es una aberración, una sinrazón jurídica", denuncia Juan Ignacio Olmos, socio del área laboral y experto en asuntos de la Administración Pública de Ceca Magán, quien coincide en que la medida de no hacer pasar por oposición a los interinos de más de 10 años tiene visos de inconstitucionalidad. Olmos también carga contra la otra condición que ERC le ha arrancado a Hacienda y Función Pública para la tramitación del proyecto de ley: que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en algunos concursos.

Al ser preguntado sobre la petición que hacen los partidos independentistas para que la Abogacía del Estado se retire, el Ministro de Justicia ha anunciado que ésta no va a presentar demanda, una vez que el Tribunal de Cuentas ha concluido la instrucción de las investigaciones contra 42 ex altos cargos independentistas por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable.

La Abogacía del Estado solicita un total de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, 17 y medio para su exesposa Mercé Gironés y 4 años y medio para Josep Pujol Ferrusola, por cinco delitos fiscales entre otros delitos, en el 'caso Pujol'.

En el marco de un recurso presentado por Greenpeace contra la opacidad en estos negocios, la representante legal del Estado alerta que esas informaciones dañarían las "relaciones bilaterales" y perjudicarían a las empresas exportadoras.

El Ministerio de Sanidad tenía en su poder desde el pasado 27 de agosto el informe de la Abogacía del Estado que obligaba a la Comunidad de Madrid a semiconfinar la capital y otras nueve grandes localidades de la región si así lo aprobaba, aunque no fuese por "consenso", el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El documento, firmado por la prestigiosa abogada del Estado Clotilde de la Higuera, llegó al Gobierno varias semanas antes de la 'cumbre de la banderas' de Sol.

No aplica el margen de error que suelen tener los radares "ponemultas" y así ha cobrado unos 400 millones de euros en diez años de forma incorrecta

La abogada General del Estado, Consuelo Castro Rey, ha cesado como responsable de esta institución en Hacienda a Carmen Tejera, que fue una de las peritos que defendió la comisión del delito de malversación cometido por los líderes independentistas durante el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. [] era la jefa del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Hacienda a cargo de Cristóbal Montoro encargado de analizar el uso de fondos públicos del Govern

El último recurso de la Abogacía del Estado para frenar la investigación en torno al 8-M no sólo critica a la juez instructora y a los investigadores. Arremete especialmente contra el forense del caso por sostener que las manifestaciones permitidas previas al estado de alarma supusieron una "amplia difusión" del virus. La Abogacía, que actúa en nombre del Gobierno y defiende al delegado del Gobierno en Madrid, acusa al forense de hacer afirmaciones sin "la más absoluta falta de sustento técnico" y basadas "en nada".

En la providencia notificada hoy la magistrada deja caer un párrafo contra los servicios jurídicos del Estado al considerar "sorprendente" su petición de retrasar la declaración del delegado del Gobierno "Tal y como consta en autos,se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como 21 de mayo,no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía para obtener copia"

Según señala el departamento que dirige Consuelo Castro Rey, no vale multar por simplemente no cumplir la orden de la restricción de movilidad impuesta por el Estado sino que debe hacerse cuando se desatienda las órdenes marcadas por las diferentes policías.

Abogados y otros juristas consultados por Europa Press coinciden en señalar, de acuerdo con un informe realizado por la Abogacía del Estado, que las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo deben imponerse a los ciudadanos que son descubiertos saltándose las indicaciones del Estado de Alarma, pero que además se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad. Así, concluye que el mero incumplimiento de las limitaciones no puede ser calificado de desobediencia.

Más de medio millón de sanciones impuestas por las Fuerzas de Seguridad por incumplir el confinamiento podrían quedar en nada.

Informe evacuado por la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado el 19 de marzo, sobre la interpretación de diferentes cuestiones relacionadas con el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

Nueva divergencia dentro del Gobierno de coalición. Esta vez, por el recurso de la Abogacía del Estado a la condena que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara de televisión José Couso, fallecido en Bagdad (Irak) en 2003. Relacionada: www.meneame.net/story/gobierno-recurre-condena-obliga-estado-indemniza

La exsecretaria general del Partido Popular y exministra, María Dolores de Cospedal, se ha incorporado en calidad de socia al despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, según avanzó Expansión. Cospedal se suma al equipo del bufete que lidera César Albiñana en el área de procesal y arbitraje. Llega a su nuevo empleo tras su reingreso en la Abogacía del Estado

El BOE de hoy recoge un convenio, firmado en diciembre, para que la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos cuente con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado, esto es, que abogados del Estado le representen en posibles litigios. El documento aclara que la Fundación no pagará nada por este servicio, al contrario que otras fundaciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez propuso, en la anterior legislativa, transformar esta entidad, que en la actualidad cuelga de Patrimonio Nacional.

El Tribunal ha decidido que los padres fundadores establecieron, en su infinita sabiduría, que son los tribunales quienes deben tener la última palabra interpretando leyes. En vez de burócratas desconocidos trabajando en un sótano en alguna oficina con goteras en Washington los que deciden sobre sustancias contaminantes, estándares para aprobar medicamentos, protocolos de seguridad en reactores nucleares o los requisitos de señalización en una línea ferroviaria quienes pueden y deben analizar y aprobar todas estas cosas son los jueces.

En los últimos días se han difundido numerosos bulos que cuestionan el estado de salud de Joe Biden y su capacidad para ocupar el cargo de presidente de Estados Unidos. Estas desinformaciones han circulado durante años poniendo el foco en la edad de Biden (81 años) y en supuestas enfermedades mentales que el mandatario padecería, pero sin aportar pruebas de ello.

En el vídeo de hoy hacemos un resumen del intento de golpe de estado en Bolivia por parte del General Zúñiga.

Golpe de estado en Bolivia [Directo] el texto es demasiado corto

También ha publicado en sus redes información a este respecto el ex presidente Evo Morales

El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este miércoles "movimientos irregulares" de militares frente a la sede del Gobierno en la ciudad de La Paz, mientras que ciudadanos y medios locales reportaron la presencia de tanques y militares fuertemente armados.

El Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobadas en 2023, tal y como lo ha anunciado Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la ministra de Igualdad ha asegurado que la normativa madrileña es "regresiva", al limitar y vulnerar derechos que ya están reconocidos en la legislación estatal.

El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley del grupo parlamentario de Junts para instar al Gobierno a reconocer "como Estado soberano" a Kosovo, que es el último ejemplo en Europa de declaración unilateral de independencia.

La Administración Biden ha prohibido oficialmente la venta de productos y servicios de Kaspersky Lab en Estados Unidos, declarando además a la compañía un riesgo para la seguridad nacional. La Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, ha confirmado la prohibición, debido a que «Rusia ha mostrado que tiene la capacidad, y aún más allá, la intención, de explotar a empresas rusas como Kaspersky para recopilar y utilizar como arma la información personal de los estadounidenses«.

El tercer juicio contra presuntos miembros del grupo en torno al príncipe Reuß ha comenzado en Múnich. El juicio muestra lo diferentes que eran los antecedentes de los protagonistas. Se acusa a los Reichsbürger de haber llevado a cabo planes concretos para derrocar a la República Federal de Alemania. Se les acusa de ser miembros de una organización terrorista y de preparar una empresa de alta traición, como ocurrió en los procesos ya iniciados en Stuttgart y Frankfurt.