A esta señora [la directora de la Agencia del Medicamento] le requirieron el salvoconducto y no lo traía (...). El salvoconducto no es obligatorio, lo que tienes que hacer es que estás realizando un trabajo y que te desplazas a tu domicilio (...). No tiene ningún sentido que la sancionen y mucho menos que vayan contándoselo a la prensa para que al día siguiente se la machaque en la plaza pública(...). Al final van a pagar las sanciones los más pobres (...) porque la gente que no tiene ni abogado, ni formación ni ganas de pelear paga la sanción.

El estado de alarma reviste al Gobierno de tantos poderes que Sánchez debería administrarlos con extraordinario escrúpulo. Sucede lo contrario. La pulsión cesarista de nuestro presidente tanto ha exagerado las prerrogativas concretas como ha profanado otras. Ninguna más clara en este sentido que la distribución de mordazas y consignas.

Se interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana y establece cómo se deben abordar determinadas infracciones. Se indica que no se podrá multa por si no hay violencia implícita. Ha pasado un año y medio, una crisis sanitaria y un estado de alarma. El mismo departamento, dirigido por la misma persona, interpreta la misma ley de forma totalmente opuesta. Determina ahora que para multar por desobediencia no es necesaria ya una actitud de resistencia violenta.

El estado de alarma no incluye un régimen sancionador, así que las sanciones que han sido comunicadas por el Ministerio del Interior (que van de los 601 euros por alejarse demasiado para comprar alimentos hasta 10.400 euros por montar una fiesta en casa) se basan en el artículo 36.6 sobre la desobediencia que contempla la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La conocida como ley mordaza.

De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, también se han practicado en este tiempo 5.568 detenciones en toda España.

El periodista y escritor Antonio Pérez expresa en un vídeo de 7 minutos su sentir sobre la mordaza y la censura que empieza a asomar en estos tiempos en España: «Nunca creí que tuviera la necesidad de hablar de esto (...), pensé... que era algo que habíamos dejado definitivamente atrás (...). Pero tristemente veo que algo está asomando, están asomando las orejas al lobo, al lobo de la represión (...). Yo conocí y sufrí la censura franquista... Tenía quince años cuando me censuraron el primer artículo. Aprendí a lidiar con ello hasta que Españ

La Ertzaintza ha acudido esta mañana al barrio bilbaino de San Francisco y ha entregado notificaciones de multa a los vecinos que grabaron y protestaron contra la actuación policial del pasado 29 de marzo, donde una madre y su hijo fueron golpeados antes de ser detenidos.

Bueno, pues ayer unos Guardias Urbanos me aplicaron la ley mordaza en Barcelona por ir a la farmacia de guardia a comprar una medicación... ¡la ley mordaza! ABRO HILO por lo que esto implica para todas y todos.

En Cataluña, algunos han recurrido al considerar que las multas son abusivas o injustificadas. Guardia Urbana denunció a Clara por llevar a la perra al pipican más próximo: "Se puso muy agresivo diciendo que él era la autoridad, que sabía mejor la norma y que cómo podía ser que estuviera dudando de lo que él decía!" Josep, denunciado cuando volvía de tirar la basura frente a su casa: "Si tú ahora dices lo que quieras, pues sólo tengo mi palabra contra la suya" El decreto de estado de alarma no detalla lo que se puede hacer y lo que no.

Como venimos denunciando desde la aprobación de la ley, esto se ha convertido en un gran negocio para los gobiernos vasco y español. En 2018 se recaudaron en el conjunto de la Comunidad Autónoma un total de 598.775,80 € (55.108,55 € en Araba, 258.232,94 € en Bizkaia y 285.133,31 € en Gipuzkoa). En 2019 la recaudación total fue de 696.038,95 € (91.621,70 € en Araba, 286.628,92 € en Bizkaia y 317.788,33 € en Gipuzkoa). Esta situación se ha agravado desde la aprobación del actual estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19. Entre el 14

Cientos de doctores han enviado una carta quejándose de censura si denunciaban a los medios de comunicación o redes sociales la escasez de mascarillas o test. "Plantearon sus inquietudes internamente, pero no consiguieron nada. Y cuando comienzan a tratar el tema públicamente, se les informa que van a ser vigilados y que pueden incluso hasta perder sus trabajos", señala. “En un momento en el que necesitamos que todos los médicos que están en primera línea hagan todo lo que puedan, simplemente no es útil que las personas tengan miedo", añade.

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza por su amenaza al derecho a la reunión y a la libertad de expresión, cumple hoy cinco años desde su entrada en vigor sin, de momento, visos de ser derogada.

La plataforma antirracista recuerda cinco años después de la aprobación de la Ley Mordaza, que esta ley aún en vigor y que en el marco de la situación de crisis provocada por el COVID19, se está utilizando para imponer cientos de miles de sanciones sin que existan criterios claros para su aplicación

Las dudas de los agentes “a pie de calle” sobre qué precepto legal utilizar para denunciar estas conductas ha llevado a las Dirección General de la Policía a elaborar una “nota informativa” interna en la que les recomienda priorizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, por considerarla “ágil y contrastada”

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', y con el Código Penal a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus. El artículo 36 regula las infracciones graves, con multas de entre 601 y 30.000 euros. El Código Penal también fija en su artículo 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses.

En aplicación de la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, el cámara de Ahotsa.info ha sido sancionado con 960 euros de multa. La Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra (AREGNA/NAGE) ha manifestado "su repulsa" por este nuevo ataque a la libertad de expresión.

Abogadas analizan la protesta de Jusapol del pasado martes frente a las puertas del Congreso. Señalan que, en este caso, la Policía fue más "benévola" que cuando se trata de movimientos sociales y apuntan la necesidad de "derogar la ley mordaza" para acabar con la arbitrariedad.

Según datos del Gobierno Vasco, la Ertzaintza ha tramitado miles de multas entre 2015 y 2018. En ese periodo hubo 3.137 expedientes por "falta de respeto" a la Policía y cerca de 2.000 por "desobediencia".

El borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, ya está preparado y plantea anular varios artículos. Propone anular el artículo 36.23 de la ley mordaza que sanciona el uso, sin autorización, de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como, el artículo 19.2 que permite el secuestro de este material sin autorización judicial. Ademas, rechaza las sanciones por manifestarse ante el Congreso y el Senado.

La ley recoge 54 artículos con sanciones que oscilan entre las leves (artículo 37) a las muy graves (artículo 35). Y según los datos desglosados por año, se ha pasado de 87.872 sanciones en 2015; 197.947 en 2016, 229.932 en 2017; y 249.665 en 2018, en total, 765.000 sanciones. La recaudación por parte de la Administración General del Estado ha crecido también cada año desde su aplicación, con un total recaudado de 416,5 millones de euros entre 2015 a 2018, se ha pasado de 41,57 millones de euros en 2015 hasta los 149 millones de euros en 2018.

El pleno del tribunal aborda desde este martes el estudio de la ponencia que propone anular los artículos más polémicos de la ley de seguridad ciudadana conocida como 'ley mordaza'. El pleno de los jueces comenzará el debate y el estudio técnico de estos 12 artículos de la ley que contravienen la Constitución, pero no votarán sobre la resolución propuesta probablemente hasta el próximo pleno.

Pide que los mecanismos de Derechos Humanos actúen con rigor, "fieles a sus mandatos y no sujeros a manipulaciones con fines espurios" El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela, ha defendido este miércoles en la sede de la ONU en Ginebra que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 "no restringe la libertad de expresión" y "busca salvaguardar el derecho de reunión regulando la intervención de las autoridades cuando la reunión pierde el carácter pacífico"

Recientemente ha sido lanzada una nueva APP destinada a concienciar y difundir los casos más surrealistas de condenas y también de sobreseimientos dentro del ámbito del Estado español. En Kaosenlared la hemos probado y no tiene desperdicio.

La guardia civil impidió coger el avión a un ciudadano belga residente en Cataluña porque no quería enseñarles la bolsa que lleva debido a una operación de cáncer de colon. El ciudadano se lo explicó en catalán y la guardia civil le dijo que tenía que hablar en español. Le han puesto dos denuncias con la ley mordaza.