En junio de 2017, meses antes de declarar la independencia, el Parlamento de Cataluña aprobó una Ley de Arquitectura. Como curiosidad, visto lo que iba a venir, cabe señalar que la Ley respeta escrupulosamente los límites del marco competencial autonómico; como si sus redactores hubieran previsto que lo de la independencia era un farol y sus impulsores quisieran evitar cualquier tontería que pusiera en riesgo su aprobación.