El tribunal de Schleswig-Holstein ha reclamado más pruebas sobre el delito de malversación pero la Justicia española aprovechará la ocasión para ampliar también las pruebas sobre el delito de rebelión

El delito de rebelión de los autos y de la euroorden del Juez Pablo Llarena es un delito imaginario, es decir, un delito que solo existe en la imaginación del Juez

«Las persecuciones por rebelión que pueden conducir a largas condenas en prisión plantean graves riesgos de disuadir el discurso totalmente legítimo, incluso si es controvertido», ha señalado el relator especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, David Kaye, según ha informado el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un comunicado.

"No existe medio legal alguno para que la Fiscalía recurra la decisión de dejarle en libertad o la desestimación de la acusación de rebelión", ha explicado a DPA una portavoz de la Fiscalía de Schleswig-Holstein, rechazando así las informaciones aparecidas en las últimas horas que apuntaban a esa posibilidad.

Lo trascendente es la bofetada colectiva que recibe ese “a por ellos” dictado por quienes se han empeñado en estirar la cuerda del Estado de derecho hasta el punto de romper la esencia misma de la democracia.Si el independentismo demostró en su día que era capaz de desobedecer al TC y de saltarse las propias reglas del Parlament para ejecutar sus objetivos políticos,quienes hoy dirigen las principales instituciones del Estado decidieron a su vez forzar la calificación de todo lo ocurrido para endilgar a sus protagonistas delitos penados..

El exparlamentario Diego López Garrido, uno de los redactores del Código Penal que incluye el delito de rebelión, asume que la decisión de la justicia alemana de no atribuir al expresidente de la Generalitat,Carles Puigdemont,el delito de rebelión va a tener consecuencias sobre el resto de dirigentes independentistas procesados en la causa. “En España y en Alemania para que haya rebelión o alta traición hace falta una violencia real,con capacidad de plantarle cara al Estado y de poner en peligro el sistema constitucional y eso es lo que los jue

La mayoría de los titulares de prensa española erraban ayer al interpretar la decisión cuando afirmaban que “la justicia alemana niega que exista rebelión”. Lo que ha determinado ese tribunal es que Puigdemont no ha cometido un delito de alta traición. Además, existen mas razones para el optimismo ante el varapalo evidente que supone la decisión del tribunal alemán: - Primera: la Justicia alemana no cuestiona que Puigdemont haya delinquido - Segunda: la Justicia alemana no pone en duda que existiera violencia - Tercera: No hay presos políticos

Aznar: “no es un episodio más de radicalización del nacionalismo”, sino “un punto y aparte, una rebelión en toda regla” que no es la primera vez que ocurre, pero siempre lo ha hecho “con consecuencias desastrosas”. A su juicio, “no queda lugar para suponer buena fe en las apelaciones al diálogo” y no se puede hablar de ello “con los que han protagonizado la rebelión” y han puesto las estructuras “al servicio de una estrategia insurreccional”; el nacionalismo “ha vuelto a arrastrar a Cataluña a una tragedia”..

La Fiscalía alemana ha pedido este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig la tramitación de la extradición a España del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

El partido Vox, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el proceso independentista en Cataluña, ha recurrido el auto de procesamiento del juez instructor, Pablo Llarena, al entender que también debería incluirse como procesados por rebelión al expresidente catalán Artur Mas y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

El auto de Llarena ignora olímpicamente la letra y el espíritu de la norma, y aplica la interpretación que los redactores del Código Penal quisieron evitar. Del Auto me ha llamado especialmente la atención el párrafo en el que el Magistrado interpreta la voluntad del Parlamento que en 1995 configuró el delito de rebelión. Este párrafo es poco acorde con el principio de taxatividad que debe inspirar la labor interpretativa de todo juez de lo penal, pero anticipa el tenor del resto de la resolución: una peligrosa equiparación del concepto de viol

El símil, como saben, se utiliza para señalar la relación de semejanza entre términos. Pablo Llarena domina el recurso, y por eso compara la manifestación de esa “muchedumbre” (en la que no hubo ni una sola agresión física) con una “toma de rehenes mediante disparos al aire”. Aristóteles decía que el símil aporta “efecto de brillantez”. La pirotecnia de Llarena es incuestionable.

El vicepresident cesado considera que el magistrado ha vulnerado su derecho a la defensa efectiva y que ha criminalizado la ideología independentista. "La acción penal se produce para obtener determinados efectos políticos en determinado momento", asegura la defensa de Junqueras. Denuncia que el magistrado "efectúa algunas piruetas argumentativas" para procesar por rebelión pese a la "evidente falta de violencia".

La justicia alemana ha decidido mantener a Carles Puigdemont en prisión mientras resuelve la Orden de Detención y Entrega de las autoridades españolas. La decisión puede tardar en llegar hasta tres meses. Durante ese tiempo, los abogados del expresidente autonómico tratarán de demostrar un aspecto clave para su futuro procesal: "no hubo violencia en el procés".

Con los datos que hay sobre la mesa no puede afirmarse que los políticos catalanes recientemente procesados por el Supremo hayan cometido un delito de rebelión.No se trata de la mera acumulación de dos elementos,alzamiento y violencia,sino de un peculiar conjunto:el alzamiento violento.No concurriendo esta caracterización no es posible hablar de rebelión. Cuestión distinta es el delito de sedición.La cuestión ahora es decidir si la vía a transitar para dar una salida al problema debe ser exclusivamente la judicial y/o la política..

Puigdemont no ha usado la violencia ni ha amenazado ni ha llamado a la violencia. Esto plantea la pregunta de si se puede aplicar la cláusula de alta traición. Y también la "Rebelión" en el derecho penal español prevé el uso de la fuerza.

La legislación alemana es incluso más dura que la española. El artículo 472 del código español, que regula la rebelión, indica que se aplica a "los que se alzaren violenta y públicamente" para "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Resolución histórica. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acaba de notificar este viernes a los miembros del Govern su auto de procesamiento por proclamar al margen de la Constitución y la legalidad vigente la independencia de Cataluña.

Los guardaespaldas del hijo de la infanta Elena parecen estar hartos del nivel de vida del joven y podrían haberse negado a continuar con su trabajo.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha explicado este jueves que la instrucción del juez por la que se está registrando la sede de la entidad les advierte de que, si convocan a los ciudadanos para concentrarse ante el edificio, "podrían incurrir en un delito de rebelión".

La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliación, ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre las obligaciones del Estado..

La revuelta social contra los que recortan el Estado del Bienestar,iniciada a comienzos de la presente década por los jóvenes,recobra un extraordinario impulso con la intensa movilización de los viejos.Los leguleyos,al no haber incluido este artículo 50 en el capítulo de Principios rectores de la política social y económica,hicieron la trampa a la vez que la ley,que recoge la Constitución de 1978.Así,impedían que los pensionistas tuvieran un derecho incuestionable a cobrar pensiones actualizadas,como los titulares de deuda pública tienen igual