El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, considera posible que los separatistas "no destinasen dinero público al referéndum directamente, pero tal vez sí indirectamente" y ha pedido esperar que terminen las distintas investigaciones.

Al Tribunal de Schleswig-Holstein le han parecido insuficientes las pruebas de malversación que le envió el juez del Supremo Pablo Llarena. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende que no dedicaron ni un solo euro público a la celebración del referéndum. El informe que la Guardia Civil ha entregado como principal prueba presenta lagunas que complican una acusación general por este delito. El informe se zambulle en el esperpento en el caso de los observadores internacionales, que no han podido ser identificados "en su totalidad".

Ha dado traslado de la documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie una investigación.Toma esta decisión después de haber recibido el informe de la Cámara de Cuentas que recoge todas las irregularidades del macroproyecto. Una década después de que la sociedad entrase en quiebra comienza la investigación del despilfarro de 100 millones de euros de dinero público..

El teniente coronel Baena, quien también informa al Juzgado Nº13 de Barcelona y a la Audiencia Nacional, omite en los informes que envía al Supremo los certificados de Hacienda que figuran en esos sumarios y que demuestran que no se gastó dinero público en el referéndum. El juez Llarena se ha basado en los informes de Baena para dictar la euroorden de detención de políticos soberanistas catalanes, sin solicitar esa información a la Intervención General de la Generalitat.

La Guardia Civil cifra en 1,9 millones de euros el total de fondos públicos presuntamente malversados por el Govern para organizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre

El informe que la Guardia Civil ha enviado al Tribunal Supremo en el proceso por rebelión contra los líderes independentistas contiene al menos dos errores matemáticos. 1: "Ese servicio supuso para la Generalitat además del coste de 119.700€, que se ha abonado, un compromiso de pago de 47.365€... lo que supone un total de 177.065€. (119.700+47.365)". Las matemáticas dicen que 119.700+47.365=167.065. 2: "Vuelos: 18.835,76€. Hoteles: 2.416,00€. Actos: 3.180,10+872€. Total: 40.519,22€". Las cantidades relatadas suman 25.303.86.

La celebración del acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña fue gestionado y abonado por Junts pel si

En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay. En el mundo del Derecho hay un principio en torno al cual gira el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional. Es el principio del paralelismo de las formas. De acuerdo con tal principio, para que una declaración del presidente del Gobierno o del Ministro Hacienda contradictoria con la que ellos hicieron ante el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera surtir efecto en un proceso penal..

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el 'procés' catalán acredita una malversación de 1.915.067, 22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto" de sus declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público para la organización del 1-O. El magistrado destaca que esas declaraciones contradicen "las fuentes de prueba" que figuran en la instrucción de la causa.

El juez del caso del procès en el Supremo, Pablo Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique “a la mayor brevedad posible” por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación.

El juez Pablo Llarena requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

¿Carles Puigdemont malversó? Este es el cargo de la judicatura española contra el líder catalán. Pero los proyectos de ley del referéndum no son fáciles de encontrar. Ya en septiembre de 2017, el ministerio de Monoro había asumido el control de los gastos del gobierno regional catalán. De manera similar, el primer ministro Mariano Rajoy había declarado anteriormente que "ni un solo euro" del fondo de liquidez regional del gobierno central había fluido en el referéndum. Acusación contra Puigdemont por malversación de impuestos difícil de probar

El diario precisa que la Justicia alemana ha pedido aclaraciones a la Justicia española, pero que sin embargo los investigadores españoles "no han podido encontrar la factura de las 10.000 cajas transparentes producidas en China", que se utilizaron en el referéndum del 1 de Octubre.

Las declaraciones de Cristóbal Montoro sobre el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum del 1-O chocan frontalmente con el informe final que la Guardia Civil entregó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que sirvió de base del procesamiento de los acusados en la causa por el 'procés'. El ministro de Hacienda ha negado en una entrevista concedida a 'El Mundo' que se utilizara dinero de las arcas del Estado para sufragar la consulta. "No con dinero público", ha asegurado tajante

La defensa de Puigdemont aprovecha estas palabras para negar que haya delito de malversación, y piensa incorporar la entrevista a la causa.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado este lunes a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart que están procesados por rebelión. El auto que concreta estas acusaciones añade al exvicepresident el delito de malversación por el presunto desvío de fondos para costear la votación, algo que Junqueras ha negado tajantemente ante el magistrado que instruye la causa: "No se ha dedicado un solo euros del presupuesto al procés".

Ya lo había admitido el presidente español, Mariano Rajoy, en el Congreso y ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ratifica. El referéndum del 1-O no se pagó con dinero público. Así lo ha asegurado en una entrevista en El Mundo, donde ha soltado que "yo no sé con qué dinero se pagaron estas urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".

El fiscal somete a un examen de derecho administrativo y presupuestario al ex presidente, pero no demuestra por qué lo acusa de malversación y prevaricación

El tribunal de Schleswig-Holstein ha reclamado más pruebas sobre el delito de malversación pero la Justicia española aprovechará la ocasión para ampliar también las pruebas sobre el delito de rebelión

Un emoticón. El símbolo fue lo único que hizo tuitear a Oriol Junqueras el jueves por la noche. El depuesto vicepresidente de los catalanes ha estado sentado en una prisión cerca de Madrid durante meses . Su alegría por el próximo despido de Carles Puigdemont le dio rienda suelta. O tal vez es por eso.

Del fallo se desprende que la decisión sobre la entrega o no de Puigdemont por la imputación de malversación de fondos está pendiente de que las partes (de un lado, el fiscal del Estado de Schleswig-Holstein, que está sosteniendo la demanda judicial española, y, de otro, los defensores del encausado) aporten información adicional sobre si en el referéndum ilegal del 1-O se produjo una utilización efectiva de dinero público o si la mera asunción de compromisos financieros sería punible aunque no se hubiera llegado a realizar pagos reales.

La Fiscalía alemana ha pedido este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig la tramitación de la extradición a España del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.