Se hizo vicepresidente de la Asociación Nacional de Técnicos de Señales Marítimas «para montar pollos» cuando se dio cuenta de que el futuro público de los faros estaba en peligro. «Los faros son patrimonio de todos, no de cuatro cuñados para sus negocios», clama en contra de la pérdida de bienes públicos. «Tienen que estar en manos de quienes los pagaron.

La situación que están generando estas entidades de recobros ha dado lugar a numerosas denuncias en los juzgados por amenazas y coacciones. No es la primera vez que una de ellas suplanta a un funcionario del servicio de notificaciones y embargos de los juzgados. Se utilizan todo tipo de métodos. Incluso coaccionando a familiares y vecinos.

No es una huelga general como la de 1926. Las normativas que comenzaron a implantarse con Margaret Thatcher lo hacen prácticamente imposible. Pero desde luego que las "acciones coordinadas" por los sindicatos profundizan la imagen de decadencia en que está inmerso el país, con una economía más que debilitada y un Partido Conservador en el Gobierno que, tras más de 12 años en el poder, muestra claros signos de agotamiento.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

María Pilar Murillo Fumaz, una barbastrense de 93 años que participó como espía con la Resistencia francesa con apenas 12 años durante la Segunda Guerra Mundial en el pueblo de Aubusson, en el centro de Francia, falleció el pasado fin de semana en Zaragoza. Era viuda del maellano José Albiac Tudo y madre de cuatro hijos (María Dolores, María Pilar, José e Irene). Esta mujer tuvo que emigrar con su familia al país vecino en 1938 durante la Guerra Civil porque su padre -Domingo Murillo Calasanz- era concejal socialista del Ayuntamiento de Barbast

—Su mallorquín, cuando alguien le hable en castellano, por deferencia y educación. —Vas errado con esto. Vas muy errado. Vas equivocado con esto. Aquí existe una ley que dice que el catalán es cooficial. Yo puedo charlar en catalán, tú me puedes charlar en castellano y yo no te obligo a ti a charlar en catalán. —Yo le pido que me hable en español. Por educación, ¿no? —¿Por educación? ¿Qué educación? Yo soy funcionario y hablo en castellano, en catalán y en inglés.

Ni un ápice de arrepentimiento en la jueza de Barcelona que ordenó detener a un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) por no pagar una multa de 150 euros. La togada ha explicado que la ley le permitía acordar ese arresto aunque se tratara de una cuantía fácilmente embargable, e incluso ha deslizado una crítica velada al funcionario al recordar que en el juicio tras el que fue condenado por un delito leve se comportó con “malas formas”.

Los funcionarios británicos tendrán que evitar la palabra "Navidad" y recurrir a expresiones como "celebraciones festivas" para no excluir a personas de otras religiones. Así lo ha pedido el Gobierno de Reino Unido en un intento de evitar ofender a personas con otro credo. Se trata de un movimiento que busca promover la diversidad y la inclusión, según informa Daily Mail, que también asegura que el Gobierno británico no ha emitido una política general al respecto, pero que los cargos intermedios han hecho sus propias interpretaciones