Los programas públicos de avales y las necesidades de liquidez de los hogares y del tejido productivo por el coronavirus disparan la contratación de préstamos y las entidades financieras van subiendo paulatinamente los réditos que cobran por ellos. El parón de la actividad económica por la pandemia ha disparado la demanda de crédito por parte de las empresas y los particulares.

Entre los demandados se encuentran Carlos Babío, autor del libro Meirás: un pazo, un caudillo, un expolio; y Mariano Sánchez, que escribió Los Franco S.A..

En sus autos, la titular del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Barcelona desestima los recursos de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad de los presos

Espaldarazo judicial a la zona de bajas emisiones (ZBE). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha emitido dos resoluciones en las que rechaza anular la ordenanza que veta la circulación de los coches más contaminantes. Las demandas fueron presentadas por la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias. Los demandantes ponen de relieve la afectación económica de una medida "contraria al interés general" que causará "perjuicios de imposible reparación".

Decisiones judiciales sobre las medidas del Govern para contener el virus en Catalunya. El juez de guardia de Lleida ha avalado el confinamiento de municipios de la comarca del Segrià, incluida su capital, ordenado por segunda vez este martes. Por contra,el juez de guardia ha anulado la prohibición de reuniones de más de 10 personas en Ll'Hospitalet. El confinamiento ordenado por la Generalitat en Lleida es más laxo que durante el estado de alarma y contempla nueve excepciones, entre ellas ir a trabajar si no se puede hacer desde casa

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 3 años de cárcel a un hombre, Ricardo Bienvenido Granada, que expolió durante años un yacimiento celtíbero en la provincia de Zaragoza, como autor de un delito continuado de daños materiales intencionados sobre yacimiento arqueológico terrestre en concurso medial con un delito continuado de hurto. No obstante, el acusado falleció el pasado febrero mientras esperaba el fallo del recurso de casación.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado la reapertura del caso Avales, una macrocausa derivada de los ERE con epicentro en la Agencia IDEA de la Junta, la caja pagadora de los ERE, que la juez María Núñez Bolaños había archivado el año pasado. El auto dictado por la Audiencia de Sevilla pone en entredicho, de nuevo, la labor de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, quien desde que sustituyó a la juez Mercedes Alaya ha troceado, paralizado o desmantelado buena parte de las macrocausas de corrupción que abrió su antecesora.

Los traficantes de bienes arqueológicos también han aprovechado el confinamiento. Con el cierre de yacimientos, museos y hasta recintos religiosos, los saqueadores han aprovechado el vacío para actuar y para poner a la venta en Facebook estatuas, monedas, armas, joyas... Esta es, en esencia, la denuncia que la entidad norteamericana de protección del patrimonio cultural Athar Project acaba de hacer pública, recordando el papel que la mencionada red social tiene en ese tráfico.

Creo que no tendré que insistir al respecto de la miserable condición de los españoles, raza inmunda. Pero eso no quiere necesariamente decir que los pueblos que nos rodean no sean igualmente nefandos. Un buen ejemplo son los gabachos, pueblo especialmente ridículo por la enorme distancia que media entre el alto concepto que tienen de su patria, y su posición real en el mundo.

Por 5 votos frente a 4 –profundamente dividida–, la Corte Suprema estadounidense avaló ayer las restricciones impuestas por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, que establece un límite de capacidad de un 25 por ciento del aforo o un máximo de 100 personas en las misas que se vayan a celebrar. El recurso había sido interpuesto por la Iglesia Pentecostal Unida de South Bay en Chula Vista, California, que argumentó que dichas restricciones violaban la Primera Enmienda de la Constitución (equivalente al artículo 16 de la...

Carles Puigdemont está promocionando una curiosa campaña de objeción fiscal lanzada por su Consell de la República. Con la excusa de rechazar la monarquía, Puigdemont pide a sus seguidores que le donen dinero y que luego descuenten esa misma cifra de la declaración de la renta de este año. La cifra se declararía a Hacienda como una especie de "objeción fiscal" y ofrece entregar a los donantes recibos de sus aportaciones a CATGlobal ASBL, la asociación a través de la que paga su residencia de Waterloo y su estructura de personal en Bélgica.

Nueva línea de avales ICO para autónomos Se dispondrá de 20.000 millones de euros más para pymes y autónomos en un cuarto tramo que en un principio no se tenía pensado

Vox asegurado haber recibido ya permiso para manifestarse este sábado en ocho capitales de provincia españolas, mientras que espera poder hacerlo en Madrid y denuncia el veto recibido en Cataluña y Castilla y León. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha hecho este recuento en rueda de prensa tan solo cinco días antes de la convocatoria realizada por el partido para que los ciudadanos salgan a la calle en sus vehículos particulares a protestar contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

El Ministerio de Transportes concede a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. la compra de otros cinco millones de mascarillas. El Portal de Contrataciones recoge la licitación, pero no aporta documentos relacionados con el contrato

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, insiste en que vigilan de cerca las prácticas de la banca para trasladar las ventajas del aval. Relacionado: www.meneame.net/story/rechazo-bloqueo-masivo-ico-creditos-avalados-emp

Varios países han prohibido a los private equity beneficiarse de los millones de ayudas públicas por tener sus domicilios fiscales en países de baja tributación. España no está entre ellos.

El expolio contra GARA por parte de la Administración española sigue adelante, con el abono de otro medio millón de euros a la Seguridad Social, dentro del calendario de pagos para hacer frente a la deuda ilegítima que se ha endosado a este medio como consecuencia del cierre ilegal del diario ‘Egin’. Van dos millones y todavía falta uno.

Algo más de dos semanas después de que el Gobierno activara la operativa de los créditos avalados por el Estado, las empresas apenas están disponiendo de estas líneas de liquidez para poder afrontar sus compromisos y poder sobrevivir en esta época de hibernación de la actividad por el coronavirus. Los bancos se han encontrado con múltiples dificultades para poder otorgar el dinero al tejido productivo.

Ni siquiera los avales del Estado están asegurando que el colchón de liquidez prometido por el Gobierno esté llegando a empresas y autónomos azotados por la crisis del coronavirus

Asociaciones de autónomos denuncian un coste mayor para ellos que para pymes. Las entidades agotan el primer tramo de 20.000 millones centrados en los más solventes

Desde que el Gobierno anunció el lanzamiento de la línea de avales del ICO, los gestores de banca de empresas de las distintas entidades financieras se han visto desbordados de peticiones, por lo que se calcula que el primer tramo de 20.000 millones quedará ya totalmente agotado el lunes. Aunque la resolución se publicó en el BOE el 26 de marzo, las condiciones y detalles finales se han demorado varios días y no será hasta el lunes que estas operaciones podrán empezar a formalizarse.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que Amazon no comente ninguna infracción por el hecho de almacenar en su plataforma de comercio electrónico Marketplace productos que violan los derechos de marca. La Justicia europea, en concreto, ha fallado que «el mero almacenamiento por parte de Amazon en el contexto de su plataforma de comercio electrónico, de bienes que infringen derechos de marca no constituye una infracción de dichos derechos».

¿En qué consisten los avales públicos aprobados por el Estado para empresas y autónomos? ¿Habrá para todos?