El instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado este jueves la entrega del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, por parte de Alemania al contemplar este país cumplimentar exclusivamente la euroorden por el delito de malversación de caudales públicos.

El Gobierno andaluz admite ahora que pudo haber malversación de fondos públicos en el prostíbulo El consejero de Empleo, Javier Carnero, pide a la jueza que amplíe diligencias por malversación y apropiación indebida en el uso de la tarjeta de crédito de la Junta en un club de alterneLa Junta descartó el menoscabo de los 15.000 euros con la tarjeta en el prostíbulo, porque se pagó en metálico al día siguiente, pero su gabinete jur

El expresidente catalán Carles Puigdemont se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años de prisión en caso de que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso independentista, Pablo Llarena, aceptara su entrega sólo por el delito de malversación de caudales públicos, tal y como ha decidido este jueves el tribunal alemán de Schleswig-Holstein.

A la espera de que una reacción oficial por escrito de Llarena, el nuevo escenario confirma los peores temores del magistrado, que ya en el pasado llegó a asegurar que una decisión como la que ha tomado Schleswig-Holstein este jueves pondría en peligro el proceso: "La depuración de responsabilidades debe ser llevada de manera unificada o podría romperse la continencia de la causa", dijo por ejemplo en un auto en diciembre.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido hoy extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.

La edil de Tetuán impone hasta un precio máximo para la comida y las bebidas. La tasa de ocupación ha pasado de 14.000 a 35.000 euros, y la oferta de MadrEAT queda desierta

La Fiscalía alemana de Schleswig-Holstein solicitó hoy la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos y pide su ingreso en prisión por considerar que persiste riesgo de fuga

La UDEF encontró a funcionarios de la Generalitat destruyendo documentos en los registros por malversación. La sorpresa de los agentes policiales fue mayúscula al llegar a dependencias de la Generalitat y detectar que había grupos de empleados públicos destruyendo material desde, al menos, minutos antes, de su llegada. La operación buscaba pruebas de movimientos de malversación por un volumen de al menos 10 millones de euros. Una malversación que habría acabado en el 1-O y todo el proceso separatista. Efectivamente, el material probatorio inca

La denuncia ha sido presentada por la Universidad una vez que ha analizado la documentación encontrada sobre la gestión económica del Instituto de Derecho Público (IDP)..

La denuncia ha sido presentada por la Universidad una vez que ha analizado la documentación encontrada sobre la gestión económica del Instituto de Derecho Público (IDP), mientras que se sigue con la investigación iniciada a raíz de las irregularidades detectadas en el 'caso Cifuentes', ha anunciado la URJC en un comunicado

Zaplana ha pasado este jueves a disposición judicial, tras ser detenido el martes por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha abierto este miércoles 9 de mayo el juicio oral contra el expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), conocido como banco del Vaticano, Angelo Caloia y contra su abogado, Gabriele Liuzzo, por los delitos de malversación de fondos y lavado de dinero. El fiscal del Vaticano tiene evidencias de que ambos funcionarios, Caloia, de 78 años, que ejerció como jefe del IOR entre 1999 y 2009, y Liuzzo, de 94 años, desviaron más de 50 millones de euros entre 2001 y 2008.

Pablo Llarena no puede "informar de manera definitiva" a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein sobre el delito de malversación que cree que podría haber cometido Carles Puigdemont. Así consta en un escrito de nueve páginas que el magistrado del Tribunal Supremo envió el pasado 23 de abril a los jueces alemanes -después de que el 18 de abril le pidieran más datos- y al que ha tenido acceso el ARA.

José Torrado, del Partido Popular, era el presidente de todo el sistema públicos de Puertos del Estado que llevaba más tiempo en su responsabilidad: 17 años

"No hay indicios de que, entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado, haya cargos que se le atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos"

El exmiembro de la Sindicatura Electoral del 1-O Jordi Matas ha reaccionado a la investigación que está llevando a cabo la fiscalía,que quiere controlar si los desplazamientos de sus miembros fueron sufragados con dinero público y por lo tanto, si se podría haber cometido un posible delito de malversación de fondos.Concretamente, el ministerio público quiere determinar quién abonó los gastos de gasolina o peaje y billetes de tren hasta la cámara catalana para asistir a una reunión y de la cual se habría tenido conocimiento por las declaraciones

El pasado 1 de octubre el Govern de Catalunya organizó un referéndum a gran escala cuando, a priori, sus cuentas estaban intervenidas y su celebración, prohibida. ¿Cómo lo hizo y, lo que es más importante, con qué dinero? A tal respuesta quiere llegar el juez del Tribunal Supremo al frente de la causa del procés, Pablo Llarena, pero se ha topado con un obstáculo inesperado: desde el Ministerio de Hacienda no logran encontrar pruebas que apunten a la financiación ilegal.

Dos cabezas de la empresa Unipost han declarado este miércoles en el juzgado número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre, y no han aportado ningún dato que justifique la malversación de fondos públicos. Pablo Raventós, lo que era director general de Unipost, dijo que la empresa no cobró los 980.000 euros de los encargos de la Generalitat que los investigadores vinculan al referéndum.

Cristóbal Montoro asegura ahora que nunca dijo que no había habido malversación del 1-O y subraya que se pueden haber "falseado facturas" por parte de la Generalidad que habrían hecho posible, dice, la financiación con dinero público del referéndum.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, considera posible que los separatistas "no destinasen dinero público al referéndum directamente, pero tal vez sí indirectamente" y ha pedido esperar que terminen las distintas investigaciones.

Al Tribunal de Schleswig-Holstein le han parecido insuficientes las pruebas de malversación que le envió el juez del Supremo Pablo Llarena. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende que no dedicaron ni un solo euro público a la celebración del referéndum. El informe que la Guardia Civil ha entregado como principal prueba presenta lagunas que complican una acusación general por este delito. El informe se zambulle en el esperpento en el caso de los observadores internacionales, que no han podido ser identificados "en su totalidad".